ZeC alerta de una subida encubierta del 30% de los alquileres sociales de viviendas municipales

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Luisa Broto, ha alertado del aumento "encubierto" de un 30 por ciento mensual en los alquileres sociales de las viviendas municipales destinadas a las familias más vulnerables.

Broto ha explicado que hasta ahora para calcular la renta del alquiler se tenían en cuenta los gastos del alquiler y se incluía los de la comunidad, que en algunos casos alcanza hasta los 70 euros, y no podían superar un porcentaje de entre un 20 y un 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Pero una orden de la Gerencia de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, del pasado 8 de octubre, informa de que se excluyen los gastos de comunidad por lo que el cálculo de esa renta se disparará ya que supone un aumento que podría llegar hasta un 30 por ciento de incremento.

En rueda de prensa, Broto ha puesto el ejemplo de que para una pensión de viudedad, al excluir los gasto de la comunidad, el cálculo del alquiler pasa de los 150 euros a 200 euros mensuales.

Broto ha advertido de que esta "subida es exponencial" en familias vulnerables con una economía más mermada supondrá que acudan a los servicios municipales para sufragar estos gastos.

PAGO APLAZADO

Por otro lado, la concejal de ZeC ha criticado que Zaragoza-Vivienda pida la devolución de los alquileres sociales aplazados durante el confinamiento y que afecta a unos 2.200 hogares del parque de vivienda municipal.

Ha recordado que esta medida se adoptó "de forma unilateral" por el Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos, "sin tener en cuenta" el criterio de los técnicos, que planteaban otras propuestas como el fraccionamiento del pago.

El devolver los recibos no pagados tiene un "efecto boomerang" porque para estas familias más vulnerables supone un "quiebro completo en su economía", ha dicho Broto, al argumentar que no tienen capacidad de acumular ingresos, ni posibilidad de devolverlos. "Si en marzo era complejo, ahora en esta segunda oleada de pandemia aún es más necesario el segundo aplazamiento", ha defendido la concejal de ZeC.

A su parecer, ambas medidas del Gobierno de la ciudad son "un paso más en la conversión de la deriva de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda en un instrumento de una empresa de gestión inmobiliaria, abandonando la inversión social de los últimos años, que era un referente nacional con sus programas de acción social y el seguimiento de casos de familias vulnerables para evitar la precariedad, posibles desahucios y la exclusión".

En este sentido, Broto ha lamentado que se haya eliminado la oficina de mediación hipotecaria, que era un nexo entre el arrendatario y el arrendador para facilitar acuerdos. Ha señalado que también ha quedado prohibido hacer condonaciones de deuda de alquileres sociales que "sea justificada, en casos extremos y tras una valoración técnica".