MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han mostrado su preocupación por que la financiación para la Ley de Restauración de la Naturaleza --aprobada este lunes 17 de junio-- pueda acabar saliendo de los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC).
Así, fuentes de COAG se han preguntado cómo se va a financiar la norma, ya que a su juicio "todo apunta a que van a tirar una vez más de fondo de la PAC". Además, la asociación ha pedido "interlocución" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para diseñar un plan estratégico para la aplicación de la nueva norma, así como "poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta actividad agrícola y ganadera" en las zonas a las que afecta esta norma, como Doñana o el Mar Menor.
En este sentido, han recordado que "España tiene un 39% de superficie en áreas sensibles a protegidas". "Hablamos de áreas rurales con un desarrollo, con agricultores que viven de su actividad y bueno, la aplicación de esta ley puede llevarse por delante toda su actividad", destacan.
Por último, la organización también ha mostrado sus reservas con respecto a cómo van a garantizarse las cláusulas espejo. "Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales en la legislación vigente de estos países", afirma.
Por su parte, el director de la oficina de ASAJA Bruselas, José María Castilla, ha indicado que esta ley "nace sin un presupuesto" y ha recordado que "aunque se rectificó en el Parlamento Europeo, hubo una enmienda que decía que este (dinero) debía salir de la propia PAC". A su juicio, sería "tremendamente injusto que fueran los ganaderos los que tuviesen que pagar esta transición".
En líneas generales, ha opinado que la norma tiene "muchas incertidumbres que no han sido resueltas y que van a superar un dolor de cabeza tanto los Estados miembros a la hora de aplicar como, por supuesto, el sector agropecuario".
Así, ha señalado que "ahora hay que estar muy vigilantes a la aplicación que harán los otros miembros" de la UE. "Si cada Estado miembro tiene un plan diferente, esto producirá una situación difícil porque habrá Estados más ganadistas y Estados más ambientalistas", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.
Además, ha advertido que "no hay ninguna sola obligación por terceros países a respetar las mismas exigencias" que se les va a pedir a los agricultores dentro de la UE.
A su vez, ha manifestado su esperanza "nula" de que MITECO establezca una interlocución con el sector para el desarrollo de un plan estratégico que marque la aplicación de la norma en España y ha dudado que les vayan a citar "para debatir de tú a tú, para proponer ideas, para proponer la aplicación correcta".
Por último, el director de la oficina de ASAJA Bruselas ha afirmado que la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza hace que hoy sea "un día triste" y "grave para el sector agropecuario". "Tenemos el sentimiento de traición, de puñaladas por parte de Europa y en este caso de los Estados miembros, porque claramente han esperado a que pasasen las elecciones europeas para volver a las andadas", ha criticado.
Asimismo, el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha pedido abordar adecuadamente las necesidades de financiación que la restauración y se ha opuesto a que se carguen los costes a los fondos de la PAC. "Tiene que ser que estos fondos de la PAC están blindados, que no podrán ser utilizados para estos nuevos planes de restauración y que se tendrán que buscar otros medios de financiación", ha insistido.
Además, ha solicitado acompasar las acciones en el tiempo con un grado progresivo de implantación de la nueva norma y una mayor flexibilidad en los plazos propuestos. Por último, ha instado a visibilizar la labor sostenible desde el ámbito social, económico y ambiental que ejerce la agricultura familiar. En su opinión, "debe de ser valorada por la sociedad y por todas las políticas agrorurales", ya que se trata de "uno de los sectores que más bienes públicos" aporta a la sociedad.