Un 23% de la población reclusa en Asturias tiene hepatitis C, la de mayor prevalencia en toda España

SANTIAGO/OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 23% de la población reclusa en Asturias tiene hepatitis C, la de mayor prevalencia de toda España, seguida de Galicia, con un 21%, según el informe dado a conocer este martes por el Defensor del Pueblo sobre datos de 2015 que le ha aportado la Administración penitenciaria.

Al respecto, la Administración informó al Defensor del Pueblo que en febrero de 2016 "no existía lista de espera para iniciar el tratamiento" con nuevos fármacos existentes; es decir, siempre según la información transmitida por la Administración, "todo aquel interno al que se le prescribe el tratamiento puede iniciarlo en las condiciones que establece el protocolo de la Agencia Española del Medicamento".

En diciembre de 2016, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señaló que "no había recibido quejas respecto a la posible demora de tiempo que pudiera existir entre el diagnóstico y prescripción y el comienzo efectivo de su tratamiento por parte de los hospitales de referencia de los fármacos más modernos para el tratamiento de la hepatitis".

La Administración penitenciaria asegura que, "en todo caso esta demora no excedía del tiempo medio que cualquier ciudadano en libertad debe esperar", sostiene el Defensor del Pueblo.

Por tanto, "no consta que a día de hoy haya internos a quienes se les haya prescrito nuevos fármacos y se esté retrasando su dispensación de forma injustificada".

MÁS DE 850 PACIENTES CON TRATAMIENTO EN ESPAÑA

De tal forma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado al Defensor del Pueblo que en la actualidad todos los internos que tienen prescrito tratamiento para la hepatitis C y que se encuentran en prisión lo reciben En total, se trata de 857 personas en toda España.

Sobre este extremo, el Defensor del Pueblo afirma que "seguirá muy atento a fin de aclarar como se justifica que la disparidad existente entre la elevada cifra de enfermos privados de libertad, que se derivan de la tasa de prevalencia de esta enfermedad en prisión, y el número relativamente reducido de internos efectivamente tratados sea compatible con la inexistencia de lista de espera para la recepción de estos tratamientos".

DEFICIENCIAS SANITARIAS

La defensora del Pueblo también identifica como un problema "la falta de personal sanitario, actualmente insuficiente, aunque puntualmente reforzado a través de la oferta de contratos temporales que en ocasiones no encuentran candidatos interesados".

Asimismo, sostiene que "estos profesionales perciben que se está produciendo un deterioro de la calidad del servicio que pueden ofrecer", pues se quejan de "la falta de disponibilidad de herramientas de gestión modernas y demandan la posibilidad de que estas aplicaciones sean compatibles con las historias clínicas digitales existentes de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas".

Además, recuerda que desde el año 2014, "los convenios que los servicios centrales de la administración penitenciaria mantenían con las comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria han decaído", lo cual "ha generado una fuente de inestabilidad que aconseja bien el traspaso de competencias, bien la suscripción de convenios entre la Administración central y las autonómicas con la finalidad de que la atención sanitaria de las personas privadas de libertad no entre en una crisis de gestión por cuestiones económicas y/o competenciales".

PLANTILLAS INSUFICIENTES

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha pedido fortalecer el tratamiento penitenciario con un mayor número de funcionarios para no perder la "gran oportunidad" que se presenta con la consolidación del descenso del número de internos, una cifra que en 2016 se rebajó hasta los 59.839 personas privadas de libertad repartidas en 98 centros penitenciarios en el Estado.

Según el informe anual del Defensor del Pueblo, recogido por Europa Press, el número de internos es similar al de diciembre de 2004. La tendencia decreciente en el número de reclusos, que en 2015 fue del 4,89%, ha proseguido en 2016 con un 2,87% adicional. En el periodo 2012-15 el descenso acumulado fue del 12%.

En el año 2009 se alcanzó el máximo histórico en democracia de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios: 76.090. "Teniendo en cuenta que actualmente el número de internos no alcanza los 60.000, el descenso acumulado es de 16.251 personas, un 21,35%. Si se dotan adecuadamente las plantillas, se trata de una gran oportunidad para fortalecer el tratamiento penitenciario", sostiene el informe.

La institución que preside Soledad Becerril alude al fin de las penas hacia la reeducación y la reinserción social. "Los problemas de masificación que antaño dificultaban el debido tratamiento penitenciario no serán un obstáculo para intensificar los programas y demás medidas que puedan ayudar a estas personas a reintegrarse en la sociedad", sostiene.

Del total de presos, 55.398 son hombres (92,57%) y 4.441 mujeres (7,42%). Los presos preventivos eran el pasado diciembre 8.022 (7.386 hombres y 636 mujeres) y los penados 51.817 (48.012 hombres y 3.805 mujeres).

ANDALUCÍA, LA QUE MÁS PRESOS TIENE

Por comunidades autónomas destacan por número de presos Andalucía (13.867), Cataluña (8.568) y Madrid (7.881). Los centros penitenciarios con mayor número de internos eran Valencia-Antoni Asunción (1.971), Zaragoza-Zuera (1.462) y Madrid V- Soto del Real (1.401). La cifra más alta del año se alcanzó el 20 de mayo (61.792) y la más baja al cierre del año (59.839).

Se han recibido 656 quejas de internos, lo que supone un incremento con respecto al año anterior (524). Las actuaciones de oficio en esta materia han sido 69, cinco más que el año anterior. Destacan las quejas sobre traslados (183 frente a 87 en 2015), aspectos higiénico-sanitarios y alimenticios (97) y separación interior-clasificación (38).

La institución que preside Soledad Becerril destaca las actuaciones respecto a los derechos a la vida y a la integridad física, sobre todo en materia de prevención de suicidios e investigación de fallecimientos.

Los derechos de los presos españoles recién retornados, el necesario fomento de las comunicaciones familiares o el obligado carácter restrictivo que debe imperar en la realización de pruebas radiológicas para la detección de sustancias prohibidas han sido también objeto de la atención del Defensor del Pueblo.

ELEVADO NÚMERO DE FALLECIDOS EN A LAMA

De los 155 fallecimientos registrados en 2015 en prisiones, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre los elevados número en Morón de la Frontera (Sevilla) (12), Madrid VII-Estremera (10) y A Lama (Pontevedra) (8).

La media de edad es de 47,8 años. 95 personas fallecieron en el centro penitenciario en el que se encontraban, 59 en un hospital y 1 en el traslado. Hubo 92 fallecimientos por causas naturales y 63 por causas violentas, incluyendo en ellas la ingesta de drogas (37 fallecimientos), los suicidios (23), los accidentes (2) y la agresión de otro interno (1).

En 2016 hubo 23 suicidios (20 varones y 3 mujeres), uno menos que el año anterior. El número de suicidios en los últimos años tiene como cifra más alta los 31 de 2013 y como cifra más baja los 15 de 2011.

En el capítulo de malos tratos y de actuaciones incorrectas de funcionarios, el Defensor del Pueblo sigue echando en falta el establecimiento de un sistema de registro por parte del director del centro penitenciario. "La institución", según el informe anual, "ha propugnado no solo registrar aquello de lo que se tuviera conocimiento por escrito sino que la información pudiera recibirse por cualquier vía".