Aprobada la modificación de los requisitos de acceso a las Policías Locales en Asturias

Luz verde a una PNL de Foro para la reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado una proposición de Ley del PSOE e IU-Convocatoria por Asturias para suprimir el límite de altura y de edad para el acceso a las Policías Locales de Asturias.

Esta modificación implica que se suprima el máximo de edad, fijado en 30 años, para acceder a la Policía Local, modificándolo por "la edad máxima de jubilación forzosa", y el mínimo de estatura que limitaba el acceso a las mujeres de menos de 1,60 metros y a los hombres de menos de 1,65 metros de estatura.

El diputado del PSOE Ricardo Fernández ha defendido la iniciativa argumentando que distintas disposiciones de la Unión Europea, pronunciamientos judiciales o dictámenes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias han "puesto en duda" o cuestionado la aplicación de estos criterios al entender que pueden "conculcar el principio de igualdad".

Desde IU, su portavoz Delia Campomanes ha explicado que esta iniciativa pretende adecuar la legislación asturiana a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya hace diez años sentenció que esa edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local era "contraria al derecho" de la UE.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno, se ha mostrado favorable a la supresión de la edad máxima de acceso al Cuerpo y ha pedido la equiparación con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Centeno ha cuestionado la "tardanza" de Asturias en adaptar su normativa a la sentencia del TJUE.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, por su parte, ha respaldado la iniciativa aunque "llega con retraso". "Entendemos que son razonables las cuestiones que se piden", ha asegurado. El otro diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro) también ha apoyado la propuesta al entender que "urge" hacer esta modificación para poder convocar las plazas pendientes con la normativa actualizada.

En la misma línea, el diputado del PP Manuel Cifuentes ha respaldado la iniciativa, recordando que esta modificación está fundamentada en la jurisprudencia mencionada por el resto de grupos.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la Junta ha aprobado, con la única abstención de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, una Proposición No de Ley para la reforma del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y adopción de medidas energéticas para la mejora del sector industrial.

El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, ha defendido la iniciativa, que insta al Principado a pedir al Gobierno estatal que modifique el Estatuto de Consumidores Electrointensivos para incorporar los mecanismos de reducción de precios basados en modelos de otros países del entorno. También pide que se apliquen las compensaciones de sobrecostes indirectos derivados de las emisiones de CO2 o prorrogar el mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva durante 2024.

La iniciativa también reclama un pacto de Estado por la industria o permitir a Arcelor basar su plan de descarbonización de Gijón en gas natural. Por último, insta al Gobierno a impulsar la regasificadora de El Musel y su funcionalidad, conectándola al gasoducto El Musel-Llanera, y establecer líneas específicas de ayuda para potenciar "decididamente" la I+D+i en torno a la industria.

Por contra, durante la sesión plenaria de este martes ha decaído una iniciativa de Vox sobre la bonificación autonómica a los impuestos de actos jurídicos documentados (AJD) y de transmisiones patrimoniales (ITP) y diversas bonificaciones estatales.

También ha sido rechazada una Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre agresiones al personal sanitario que pedía implementar un protocolo que aborde las agresiones al personal sanitario y poner en marcha un procedimiento administrativo sancionador específico para autores de las agresiones a los profesionales sanitarios que permita imponer una multa económica a los autores de "cualquier agresión física o verbal que se produzca dentro del ámbito sanitario", independientemente de la pena impuesta por vía judicial.