Asturias deberá multiplicar por cuatro sus puntos de recarga de acceso público hasta 2025, según Anfac

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha presentado una actualización de Mapas de Infraestructura de recarga de acceso público. La Asociación pretende alcanzar los nuevos objetivos de reducción de emisiones del 'Fit For 55', una iniciativa que tiene como objetivo servir como herramienta que ayude a la "necesaria planificación y monitorización del despliegue en España", según ha señalado la Anfac en un comunicado remitido a Europa Press.

Señalan que Asturias, con una red actual de 404 puntos de recarga, para 2023 ha de alcanzar los 824 y para 2025 tendrá que multiplicar por cuatro la red actual hasta los 1.697 puntos de recarga de acceso público

Desde la asociación se plantea una metodología del despliegue "necesario" para establecer una red de infraestructuras de recarga que facilite la incorporación de vehículos electrificados en España, en línea con las exigencias de reducción de emisiones marcadas desde Europa.

En el ejercicio de actualización realizado, se ha tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la Unión Europea ha marcado para los diferentes tipos de vehículos en los horizontes 2030 y 2035 en el 'Fit for 55'; éste fija una reducción del 55 por ciento y 50 por ciento para 2030, en turismos y comerciales ligeros, respectivamente y del 100 por ciento para 2035.

Así, el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 aspira a un parque de vehículo electrificado de turismos y furgonetas en España de 3,4 millones en 2030 y una cuota de mercado del 40 por ciento, cumplir con el nuevo escenario exigiría, según estimaciones de Anfac, a un nuevo objetivo de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035, con un 60 por ciento y 100 por ciento de cuota de mercado electrificado, respectivamente.

De acuerdo con estos nuevos objetivos, Anfac ha actualizado su propuesta para planificar y monitorizar el desarrollo necesario de infraestructura de recarga de acceso público a nivel nacional, comunidades autónomas y provincias, con una metodología que se basa en los principios generales establecidos en el estudio de impacto que la Comisión Europea tomó como base para el nuevo AFIR y en los parámetros defendidos por ACEA.