CCOO reclama al Principado que convoque más de 3.000 plazas para la consolidación y reposición de puestos docentes

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Enseñanza de CCOO de Asturias, Enrique Fernández, ha reclamado este martes al Gobierno del Principado que convoque más de 3.000 plazas para la consolidación y reposición de puestos docentes en la comunidad.

Según Fernández, teniendo en cuenta las previsiones de jubilaciones para 2017, 2018 y 2019, así como la necesidad de recuperar el empleo perdido y la consolidación de interinos, sea sería la cifra estimada para "dar estabilidad a las plantillas". Así lo ha apuntado este martes en rueda de prensa para analizar el inicio del curso y las reivindicaciones sindicales en la enseñanza Pública no Universitaria, Privada y Universidad.

Igualmente, el responsable sindical ha instado a la Consejería de Educación asturiana a coordinarse con las demás comunidad autónomas para pactar que la OPE de Secundaria sea para todas en 2018 "a poder ser el mismo día a la misma hora", y que en 2019 se fijen las de Primaria para evitar traslados entre CCAA.

Enrique Fernández ha incidido en la precariedad y temporalidad que, dice, se están haciendo "crónicas" en el sistema educativo asturiano, proponiendo volver al número de horas previo a la crisis, lo que supondría pasar de 21 a 18 horas semanales en el caso de Secundaria. Esta medida permitiría, según CCOO, generar entre 800 y 1.000 plazas "solo reduciendo el horario lectivo".

El sindicato también reclama más compromiso del Gobierno asturiano con el bilingüismo, la atención a la discapacidad y la educación de 0 a 3 años. En este último caso, CCOO pide la gestión directa de la red por parte del Principado para evitar discriminaciones entre municipios y frenar propuestas que aboquen a la privatización del servicio.

Para el secretario general de Enseñanza de CCOO de Asturias, que compareció ante los medios con representantes sectoriales del área educativa del sindicato, el coste de gestionar esa etapa educativa como servicio gratuito no puede ser una excusa para el Gobierno, dado que los 20 millones estimados suponen una cifra muy inferior a la de otros servicios públicos, como la etapa de 3 a 6 años o la Educación Primaria.