Cofiño explica que la Junta "intensificará" su trabajo en los próximos meses de cara a "reformar" la administración

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Principado Juan Cofiño ha indicado este lunes que la Junta General va a tener que "intensificar de forma notable" su trabajo legislativo en los próximos meses para poder "reformar" la administración pública de cara a "adaptarla" a la situación pospandemia y "racionalizarla" con vistas a la gestión de los fondos europeos.

Un trabajo que el Principado contempla que excederá el marco de la actual legislatura y donde la Ley de Medidas Administrativas Urgentes es "una primera acción de carácter urgente". Actualmente, en diferentes estados de tramitación se encuentran proyectos legislativos como la Ley de Empleo Público, la Ley de Calidad Ambiental, la Ley de Suelo o de Ordenación Integral del Territorio de Asturias o la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así lo ha indicado Cofiño durante su comparecencia en la Junta General para informar sobre el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes. En la misma ha destacado que la gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto "la importancia y las limitaciones de nuestro sector público".

Así, ha señalado la necesidad de unos servicios públicos "bien dimensionados y eficientes" y "de disponer de mecanismos que anticipen los problemas y nos ayuden a tomar decisiones complejas" de manera "ágil, rápida y eficaz", sobre todo, ha explicado, ante el "reto" de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.

El primer punto de todo esto proceso es la nueva Ley de Medidas Administrativas Urgentes, que busca simplificar los trámites administrativos en ámbitos como la ordenación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente y la protección del patrimonio cultural. Asimismo, incluye medidas de simplificación en gestión presupuestaria, destinadas a favorecer la ejecución eficaz y eficiente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA NUEVA NORMA

En el ámbito de medio ambiente, el vicepresidente ha destacado la importancia de la evaluación ambiental en un momento de transición energética que conllevará la necesidad de tramitación de un gran número de proyectos para cumplir los objetivos de la Agenda 2030.

Por todo ello, la Ley de Medidas Administrativas Urgentes persigue la reducción de cargas, agilización y simplificación administrativa. El texto aborda la regulación de la modificación de proyectos y determina cuando ha de entenderse que un proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, principalmente mediante cálculo porcentual.

En lo que atañe a la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación del territorio, se determinan aquellos que habrán de someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria y aquellos en los que se procederá a una evaluación ambiental estratégica simplificada. El proyecto concreta que los estudios de detalle que desarrollen planes generales que hayan sido objeto de evaluación ambiental no precisarán de la tramitación de una evaluación ambiental estratégica.

También se simultanearán los trámites preceptivos del ámbito medioambiental con el urbanístico para reducir tiempos. Además, se suprimen las evaluaciones preliminares de impacto, por considerar que la protección preventiva en estos espacios está ahora recogida en los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y en los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos.

En el ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, las modificaciones proyectadas del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado, que se recogen en el proyecto inciden en los tiempos y trámites necesarios para abordar un proceso de elaboración o modificación del planeamiento y la actualización los requisitos de acceso o ejercicio de una actividad económica.

Desde el punto de vista de los requisitos de acceso o ejercicio a una actividad económica, se destaca la incorporación y regulación de la declaración responsable en materia de urbanismo, así como de su contenido y control y la consiguiente regulación de aquellos otros actos que se mantendrán sujetos a licencia previa.

En el ámbito del patrimonio cultural, se busca agilizar la tramitación de las autorizaciones y los informes de ruina, reducir los plazos de forma proporcional a las tareas requeridas por cada tipo de bien inmueble e introducir aclaraciones que doten de mayor seguridad jurídica a los procedimientos y faciliten su claridad y comprensión, tanto para las administraciones implicadas como para la ciudadanía. Así, en determinados casos, se evitará el trámite de autorización previa de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, en los procedimientos urbanísticos de licencias de obras.

En materia de gestión presupuestaria orientada a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto contiene medidas de supresión de determinados trámites o exoneración de limitaciones de carácter formal de cara a contribuir a la más eficaz y eficiente gestión de los proyectos incluidos en el plan, sin menoscabo de los controles pertinentes.

En la protección de los espacios naturales se va a ampliar a diez años la vigencia de los planes rectores de uso y gestión, "puesto que la experiencia nos ha demostrado que conllevan unos largos procesos administrativos y de información pública".

Asimismo, en materia de ordenación de la función pública, se ha considerado necesario actualizar la regulación legal del concurso oposición como sistema selectivo, con el fin de concretar el peso que puede alcanzar la fase de concurso, hasta un 40%, "con el objetivo de avanzar en el diseño de una función pública congruente con las necesidades de la Administración y con el abordaje del actual exceso de temporalidad".