El Colegio de Odontólogos rechaza que partidos y Principado le adjudiquen funciones que no tiene en el caso de iDental

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias rechaza "categóricamente" la pretensión de partidos políticos y de la Administración del Principado de Asturias de adjudicarle "funciones y competencias que no tiene" ante las presuntas irregularidades cometidas por la clínica de Gijón de la cadena iDental.

"El Colegio rechaza ser utilizado en intereses partidistas ante el conflicto de iDental", señalan desde el órgano colegial en un comunicado, recordando haber colaborado "desde el primer momento con la Dirección de Consumo de la Consejería de Sanidad".

El Colegio pretende clarificar sus funciones después de que los grupos parlamentarios de Podemos y del Partido Popular haya presentado sendas proposiciones de ley que se debatirán este viernes en el pleno de la Junta General.

Desde Podemos se pretende instar al Ejecutivo asturiano a poner en marcha una mesa de trabajo y seguimiento de las acciones realizadas para dar respuesta al fraude de iDental en la comunidad, en la que tenga presencia el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, entre otros colectivos e instituciones.

Entre otras propuestas, la formación morada aspira también a que el Gobierno asturiano inste al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos a "colaborar financieramente y/o con recursos humanos en la solución del problema actual y a realizar una investigación sobre si sus colegiados o colegiadas realizaron alguna mala praxis deontológica"; y exija "responsabilidad compartida" al Colegio y las entidades financieras que formalizaron contratos y créditos al consumo con iDental y sus diferentes filiales.

Por su parte, desde el PP plantean establecer un convenio de colaboración con el Colegio de Odontólogos "que pueda comenzar ya a realizar una peritación oficial a los afectados, comenzando por los que no tengan el tratamiento finalizado, y que no puede suponer coste alguno a los mismos".

Al respecto, el Colegio de Odontólogos incide en que, mediante la potestad disciplinaria, puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados "pero no las empresas, sociedades mercantiles o clínicas donde trabajan los dentistas colegiados".

En este sentido, recuerda que "los Colegios únicamente tienen competencias deontológicas frente a estas empresas cuando se constituyen como sociedades profesionales y se inscriben en el Registro Mercantil como tales, así como en el propio Colegio, teniendo la misma consideración que un colegiado". "Por este motivo, la Organización Colegial de Dentistas lleva reclamando desde hace años a la Administración que se aplique la Ley de Sociedades Profesionales, para así evitar que las empresas de servicios sanitarios se rijan exclusivamente por criterios mercantilistas", apuntilla.

Argumenta, asimismo, que "no tiene ninguna competencia ni responsabilidad en cuanto al control de las clínicas dentales, incluida la clínica iDental de Gijón que ha cerrado".

"Conforme a la legalidad vigente, lo que sí pueden hacer los Colegios es denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento normativo por parte de una clínica dental, tal y como hemos hecho desde 2015 los Colegios de Dentistas de toda España y el Consejo General con la compañía iDental y otras similares", añade el órgano colegial de los dentistas asturianos.

En cuanto a las sanciones, remarca que los Colegios de Dentistas "no pueden pronunciarse sobre la existencia de una responsabilidad civil derivada de una mala praxis, ni establecer indemnizaciones a favor de los pacientes, pues esta competencia reside única y exclusivamente en los Tribunales de Justicia".

Igualmente, aclara que "las quejas o reclamaciones presentadas por esta vía únicamente pueden derivar en la apertura de expedientes informativos y/o sancionadores por parte de los Colegios de Dentistas, sin que los reclamantes sean considerados parte interesada en el procedimiento disciplinario". "Los ciudadanos deben saber que la potestad sancionadora no es incompatible con otras vías de actuación por parte del denunciante", apunta.

"Recordamos a los partidos políticos que la Administración de Justicia del Principado de Asturias tiene subcontratados los servicios de peritación del daño corporal con una empresa externa para aquellos supuestos en que a los ciudadanos se les conceda la justicia gratuita ante una reclamación judicial y que, por tanto, podría asumir las peritaciones con cargo a los presupuestos generales del Principado y sin coste alguno para los afectados", dicen desde el Colegio.