Los Ecologistas creen que la Ley de Proyectos de Interés Estratégico de Asturias es un "coladero ambiental"

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vez conocido el texto definitivo de la Ley del Principado de Asturias de Proyectos de Interés Estratégico (PIER), tras su publicación en el BOPA la Coordinadora Ecologista de Asturias hace una evaluación "claramente negativa", al considerar la misma un "coladero ambiental".

Considera el colectivo que la ley revienta el modelo de planificación territorial y urbanística consolidado en Asturias en los 40 años de historia de la Autonomía, basado en la ordenación racional de los usos del territorio mediante planes municipales y supramunicipales articulados entres sí de forma congruente y que ha posibilitado, con carácter general, la preservación de los valores naturales y ambientales, perfectamente compatible con los usos económicos del suelo.

"La Ley de PIER dinamita la coherencia de este sistema normativo al poner en manos del Consejo de Gobierno la autorización de obras y usos que estén prohibidos no solo en los planes generales de urbanismo de los concejos y en contra de la voluntad democrática de los Ayuntamientos, sino también saltándose las prohibiciones de los planes territoriales vigentes aprobados por el propio Gobierno autonómico (directrices de comercio, de energía eólica,instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos etc.)", indican.

Explican los ecologistas que todo ello, mediante un simple acto administrativo, el acuerdo de declaración de PIER, que se impone a la regulación contenida en las normas jurídicas de planeamiento. Recuerdan que hasta ahora esta excepcionalidad solo era posible en el Derecho urbanístico español respecto de las grandes obras públicas, por razones justificadas de excepcional interés público o de extraordinaria urgencia.

Ahora la nueva Ley de PIER extiende esta excepcionalidad a proyectos impulsados por el sector privado en contra de la planificación urbanística y territorial, aprobada democráticamente con la preceptiva participación ciudadana, "abriendo una enorme espita para la discrecionalidad administrativa y para las decisiones fruto de la presión de poderosos grupos de intereses, que pueden chocar frontalmente con los intereses generales de la ciudadanía asturiana".

"Dicho con otras palabras, posibilitando un urbanismo a la carta, en el que las obras y usos que estarían prohibidos con criterios de racionalidad territorial y de protección medioambiental, paisajística o de preservación de los recursos naturales, se imponen por el poder de persuasión de influyentes grupos de presión", lamentan.