EDP completa la tramitación ambiental del proyecto de hidrógeno renovable de Soto de Ribera

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de EDP para producir hidrógeno renovable en Soto de Ribera, GH2 Soto, acaba de completar la tramitación ambiental. La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias ha concedido la Autorización Ambiental Integrada al proyecto.

Según indica la compañía en nota de prensa, esta autorización permite "avanzar en el desarrollo de los primeros 5 MW de capacidad de electrólisis que EDP pretende poner en marcha en el emplazamiento".

La compañía invertirá más de 20 millones de euros y producirá 600 toneladas de hidrógeno renovable al año para diferentes usos industriales, lo que permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 6.000 toneladas de CO2 al año.

Esta iniciativa cuenta con una financiación de 6 millones de euros por parte del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), dentro del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA), correspondiente a la primera convocatoria del programa de Proyectos Pioneros.

"La producción de hidrógeno renovable es uno de los pilares del proyecto realista y maduro con el que EDP quiere transformar la central de Soto de Ribera en un 'green hub' vinculado a las energías renovables, el almacenamiento de energía, la flexibilidad del sistema eléctrico y el hidrógeno renovable", afirma la empresa.

Esta resolución favorable llega tras superar también las tramitaciones ambientales de sus proyectos de hidrógeno renovable en Aboño (150 MW) y Los Barrios (130 MW), lo que convierte a EDP en la única compañía con los proyectos de esta magnitud más avanzados y reconocidos en Europa.

En Asturias, EDP tiene el objetivo de alcanzar 1 GW de capacidad de electrólisis entre sus dos centrales en proceso de transformación, Aboño y Soto de Ribera. Esta ambición está reconocida como Proyecto de Interés Común por parte de la Comisión Europea.

Este reconocimiento permite beneficiarse de procesos acelerados de planificación y concesión de permisos, mejores condiciones regulatorias, menores costos administrativos debido a procesos de evaluación ambiental simplificados y mayor visibilidad para inversores, así como el derecho a solicitar financiación del Fondo Conectar Europa (CEF).