La exedil de Llanes acusada de conceder una ayuda a un maltratador para evitar la cárcel se declara inocente

   OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex concejala del Ayuntamiento de Llanes, Silvia Ruenes, acusada de un delito de prevaricación tras conceder una ayuda de emergencia social urgente para evitar que un condenado por violencia de género entrase en la cárcel se ha declarado inocente y ha indicado que "cometió un error porque firmó el conforme sobre dicha ayuda sin haber leído el informe, porque muchos de ellos no los leía", todo ello pese a que la fiscal ha recalcado que el informe era de una sola hoja.

No obstante la ex edil ha admitido que fue ella misma la que rellenó la solicitud de ayuda de 1.500 euros y por lo tanto sabia que era para pagar una multa y evitar su entrada en prisión, pero "pensó que era una multa de tráfico".

Así tras responder a las partes, la Magistrada, Elena González, le ha preguntado de manera rotunda si "era plenamente conocedora de la finalidad de la ayuda, sabía que esta persona había cometido un delito y tenía que ingresar en la cárcel, aunque no supiese que era un delito de violencia de género". La acusada ha respondido que "sí" y ha intentado explicar que "hay alguno delitos diferentes", a lo que la juez le ha cortado.

"Osea que usted considera que hay delitos y delitos, es una consideración objetiva suya", le ha indicado la Magistrada que, ante un nuevo intento de la acusada de explicar su consideración le ha cortado con un "ya es suficiente, ya ha respondido a mi pregunta".

En la fecha los hechos Silvia Ruenes también era miembro de la Comisión de Violencia de Género, pero ha indicado que no conocía que el hombre había sido condenado por maltrato y que contaba con una orden de alejamiento. Así ha indicado que si hubiese tenido conocimiento de ello no se le hubiera concedido la ayuda.

"Yo me basé en el informe, no lo leí y sólo firmé el conforme. Yo siempre ponía conforme y firmaba, me fiaba del informe de las trabajadoras, no leí la resolución. Admito mi error de no leer la resolución", ha insistido.

TRABAJADORA SOCIAL ACUSADA

Por su parte la trabajadora social del consistorio llanisco P.M. que también se sienta en el banquillo de los acusados ha indicado que en su momento pidió al solicitante de la ayuda más información sobre la multa, aunque conocía que la misma era para no entrar en prisión porque se lo contó el propio solicitante. Tampoco le pareció sospechoso ni raro que el hombre le ofreciese varias direcciones para remitirles las notificaciones.

"Lo que se quiere evitar es que el señor vaya a prisión porque se busca su integración social y laboral y sino ha podido pagar una multa porque se le ha acabado el dinero, aunque ya ha empezado a pagarla me parecía bien ayudarle", ha explicado la trabajadora social, que ha insistido en que "hay que intentar que el señor continúe integrado en la sociedad y si va a la cárcel era difícil".

La trabajadora social ha negado conocer al solicitante de la ayuda con anterioridad, pese a que la ex concejal ha indicado que "fue varias veces con su hijo de la mano a solicitar ayudas".

Al igual que la otra acusada ha indicado que si supiese que el delito cometido era de violencia de género no hubiese firmado la concesión de la ayuda. Las dos han manifestado que se enteraron de ese extremo por la prensa.

DECLARACIÓN DE DOLORES ÁLVAREZ CAMPILLO

En el juicio también ha prestado declaración como testigo la actual diputada socialista y entonces alcaldesa de llanes, Dolores Álvarez Campillo que ha calificado como "intachable la labor de la ex edil y de los técnicos municipales" y ha indicado que "sabía que existían casos en los que se ofrecía ayuda social para el pago de multas".

"Sinceramente yo hubiera hecho lo mismo, no entiendo mayor emergencia que el pago de una multa para no ir a la cárcel, otra cosa es el motivo", ha dicho, Álvarez Campillo, que no ha sabido responder si desde el Ayuntamiento se han pagado más multas.

Por su parte el beneficiario de la ayuda, que ha prestado declaración como testigo, ha indicado ante el Tribunal que el fue a pedir trabajo y no dinero, pero fue entonces cuando el teniente de alcalde le habló de la ayuda y le derivó al departamento de la ex concejal, pero "ni le preguntaron el motivo por el que tenía que entrar en prisión ni él lo contó". Negó que se refiriese a una multa de tráfico ya que ha indicado que "no tiene carné".

Así ha indicado que conocía a la ex edil y al ex teniente de alcalde, José Manuel Herrero, de "trabajar en dos o tres meses para el Ayuntamiento", pero no a la trabajadora social.

"A Silvia no lo se, pero a Herrero --el teniente de alcalde-- le llevé la carta del juzgado. La trabajadora social no me preguntó nada, sólo la vi cuando fui a firmar cuando me dieron de ayuda e hicieron el ingreso en el Juzgado", ha declarado el testigo que ha dicho no recordar a quién entregó la documentación que requería la ayuda.

Más tarde el propio José Manuel Herrero, que actualmente es edil en el Ayuntamiento, ha declarado como testigo y ha indicado que el condenado por violencia de género acudió a su despacho para pedirle trabajo y le dijo que necesitaba dinero para pagar una multa de 1.500 euros para no entrar en la cárcel, fue entonces cuando le derivó a servicios sociales pero ya no tuvo más relación con este asunto. Ha añadido que en ningún momento tuvo conocimiento de que el delito era por violencia de género.

Ha indicado que no habló con su compañera, Silvia Ruanes, de este asunto. "Silvia fue la mejor concejala del Ayuntamiento de Llanes de Servicios Sociales, muy preocupada por las personas con dificultades", ha manifestado.

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos y solicita que se condene a cada una de las acusadas a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que las acusadas indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Llanes con 1.500 euros, con los correspondientes intereses legales.