La Fiscal de Asturias cree que lo importante es si la operación de la UCO sobre UGT fue legal, y no si fue "exagerada"

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, considera que lo que tiene que "valorar" la Fiscalía en el caso de la operación de la Guardia Civil que concluyó con las detenciones y los registros de la sede de UGT Asturias es si fue "legal", y no si fue "exagerada".

En declaraciones a los medios, antes de comparecer ante la Comisión de Justicia de la Junta General, Fernández ha admitido que "UGT está en su derecho de pedir explicaciones" sobre la envergadura de la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, y que "se las darán".

Sin embargo, en su opinión, independientemente de que "las operaciones nos gusten más o menos, o si son exageradas o no son menos exageradas, lo que hay que valorar es si son legales o no son legales".

Así, ha recordado que los agentes accedieron a la sede de un sindicato para incautar una documentación y a partir de ahí se practicaron unas detenciones de personas porque parece ser que aparecían indicios suficientes de delito. "Se les tomó declaración como investigados y quedaron en libertad provisional", ha concluido sobre este asunto.

LISTAS DE ESPERA

Fernández se ha referido también a las diligencias que Fiscalía mantiene abiertas a raíz de dos denuncias relacionadas con las listas de espera de la Sanidad Asturiana. Las primeras, basadas en una documentación presentada por Podemos Asturies, son las que investigan "si hubo alguna trampa, y si se produjeron esos saltos en las listas". Ha matizado en este punto que puede haber alteraciones, pero que lo que hay que analizar "es si estas se producen por criterios discrecionales o por criterios médicos".

En el caso de que haya habido algún "trato de favor arbitrario", la fiscal ha explicado que habrá que determinar si tiene encaje en alguno de los delitos del código penal.

En cuanto a las segundas diligencias abiertas, han sido raíz de una denuncia de la propia Consejería de Salud contra el diputado de Podemos Asturies, Andrés Vilanova, por un caso de supuesta vulneración de la confidencialidad. Se refiere al envío al consejero, Francisco Del Busto, desde la cuenta de correo del parlamentario morado, de datos que contenían el historial clínico de varios pacientes.