La Fundación ITMA, la única entidad que no rinde cuentas a la Sindicatura

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ITMA, Instituto Tecnológico de Materiales, ha sido la única entidad que no ha rendido cuentas a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias para la elaboración de su informe relativo al ejercicio 2012 sobre las 53 entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general.

De hecho, la Fundación ITMA ha dado de baja de su dotación fundacional el valor de uso de los bienes aportados por el Principado de Asturias en su constitución. "Esta operación será puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas para que decida sobre su posible enjuiciamiento", señala la Sindicatura en nota de prensa.

Además, Sogepsa y Vipasa no han remitido la autorización de la persona titular de la Consejería para formalizar operaciones de endeudamiento, lo que constituye "una limitación al alcance". "Todas las alegaciones formuladas en plazo durante el preceptivo trámite se analizaron y valoraron, suprimiéndose o modificándose el texto provisional cuando se compartía su contenido, manteniendo la redacción original en otros casos", explican desde la Sindicatura.

ALTO GRADO DE RENDICIÓN

El informe constata "un alto grado de rendición de cuentas", ya que las otras 52 entidades sí lo hicieron, pese a que 15 empresas públicas y 6 fundaciones lo hicieron "fuera de plazo".

"Hay una mejoría generalizada de los niveles de rendición de cuentas en plazo con respeto al ejercicio anterior", valora el Órgano de Control Externo (OCEX) del Principado. En cuanto a los requisitos formales, la Sindicatura detectó "algunos defectos en el régimen contable de aplicación e información incompleta en algunas memorias. "Todas las unidades obligadas por ley a auditarse han cumplido este requisito", matiza.

Entre las 53 entidades a estudio había ocho entes públicos, cuatro entidades públicas, 27 empresas públicas, 13 fundaciones y la Universidad de Oviedo. No obstante, para los análisis de esta última se remite al informe aprobado en julio de 2014.

El volumen total de activos y pasivos gestionados por las entidades fiscalizadas (sin la Universidad de Oviedo) era de 1.355 millones de euros, correspondiendo el 79% a empresas públicas. Al respecto, el informe refleja "un empeoramiento del resultado agregado, afectando a todos los tipos de entidades".

El endeudamiento financiero del conjunto de entes, entidades, empresas y fundaciones asciende a 630 millones de euros, lo que supone un 4% más con respecto a 2011. "El endeudamiento que computa a efectos de contabilidad nacional y, por tanto, para los objetivos de deuda pública, es de 190 millones de euros", expone el OCEX asturiano, indicando también "la fuerte dependencia financiera de ayudas públicas por parte de las fundaciones y su escasa capacidad de autofinanciación".

"Todas cumplen, salvo Vipasa y Gitpa, los requisitos establecidos en la legislación de contratos en cuanto a su condición de medio propio y, por tanto, su exclusión del ámbito de aplicación de dicha normativa", apunta el informe.

RECOMENDACIONES

Entre las recomendaciones del informe se reitera "la necesaria reforma del marco normativo en materia económica, presupuestaria y contable, apreciación compartida por la Junta General del Principado de Asturias en su Resolución del 19 de octubre de 2012, en la cual se insta a aprobar un proyecto de Ley de Hacienda".

De igual modo, la Sindicatura considera necesaria "la urgente actualización del plan de contabilidad pública al plan contable marco" y entiende que "debería ultimarse el proceso iniciado de simplificación estructural de la Sociedad Regional de Recaudación y el Ente Público de Servicios Tributarios, mediante la extinción de la sociedad o la transformación de su objeto social".

No obstante, el informe refleja "el seguimiento de recomendaciones anteriores de la Sindicatura de Cuentas, constatando que el Principado de Asturias, en su compromiso de reordenación del sector público, ha aprobado, con carácter posterior al ámbito temporal de este informe, dos leyes de reestructuración (Ley 1/2013 y Ley 8/2014)" y se procedió a la supresión de "la Caja de Crédito de Cooperación Local".