Gobierno y CCAA aprueban por unanimidad que éstas gestionen el 80% del 0,7 del IRPF y el Estado el 20%

Varias autonomías señalan que este reparto es transitorio y la ministra afirma que es definitivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad en un Consejo extraordinario de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado este viernes, un nuevo modelo de gestión de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, a través del cual las autonomías se encargarán de tramitar el 80% de estos fondos y el Estado el 20%.

"Es un acuerdo histórico", ha afirmado la ministra, Dolors Montserrat, en la rueda de prensa posterior al Consejo territorial, en la que ha insistido en que, aunque el Gobierno no gestione el 100% de los fondos como hasta ahora, como consecuencia del mandato del Tribunal Constitucional del pasado enero, "nadie debe desconfiar de la gestión porque son fondos condicionados y finalistas".

La titular de Sanidad ha destacado que este 2017 la cantidad recaudada a través de la 'X' en la casilla 'Actividades de Interés Social' en la declaración de la renta del año 2016 asciende a 240 millones, seis millones más que el año anterior, es decir, que el Gobierno va a encargarse de gestionar 48 millones, mientras que las comunidades autónomas 192. "Animo a todos los españoles a que marque la 'x'", ha dicho.

Montserrat ha indicado que los consejeros autonómicos han aceptado también de forma unánime "someterse a una justificación de los fondos" transferidos para dotar al sistema de mayor transparencia. Asimismo, ha informado de que se ha creado un grupo de trabajo para mejorar este nuevo modelo que, mientras varios consejeros han calificado de "provisional", la ministra ha asegurado que es definitivo.

En concreto, ha dicho que los tramos estatal y autonómico "no se han discutido" en esta encuentro, en el que, según ha dicho, se ha creado el grupo técnico para estudiar el desarrollo del segundo, ver cómo funciona y los programas que se han presentado para poner nuevas medidas sobre la mesa de cara a 2018.

La ministra ha subrayado que la distribución de los porcentajes 80/20 responde a las competencias del Estado y las comunidades autónomas y que, por ese motivo, no se ha atendido a la petición de la Plataforma del Tercer Sector que reclamaba un 50/50 ni se va a ampliar el margen de gestión de las comunidades. "Esto no es un capricho de nadie, sino el acatamiento de una sentencia del Tribunal Constitucional", ha aseverado.

"El objetivo del Gobierno es preservar este programa, que es uno de los más importantes del país y cumple con los objetivos del Gobierno para que lleguen las ayudas de forma directa a los que más las necesitan, potenciar el Tercer Sector y garantizar la cohesión social de España", ha descartado la ministra sobre el sistema que se modifica por primera vez desde hace 30 años, recurrido de forma sistemática por la Generalitat de Cataluña.

El SÍ "CONDICIONAL" DE CATALUÑA

Precisamente, la consejera Trabajo Asuntos Sociales y Familias catalana, Dolors Bassa, ha afirmado en declaraciones a los medios, a la salida de la reunión con la ministra, de que el sí de Cataluña es "condicional y condicionado" a este año 2017 y que espera que para 2018 y siguientes el grupo de trabajo antes mencionado valore "cómo hay que repartir los fondos", es decir, "qué variables hay que utilizar para ello" --tasa AROPE, índices de pobreza, recaudación del IRPF en la renta--. "Aceptamos solo para este año (este modelo) de forma transitoria y excepcional", ha insistido.

Lo mismo han indicado los consejeros socialista de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, que, en un comunicado conjunto, y de forma individual a los medios antes del encuentro, han reclamado que este sistema de gestión tenga vigencia "sólo para este año" ante la premura de las entidades del tercer sector y los proyectos pendientes de poner en marcha.

SI NO HAY CONSENSO EN 2018, SE PRORROGA

Varios responsables autonómicos de comunidades gobernadas por el PP han coincidido en la "transitoriedad" del acuerdo, aunque se han mostrado confiados en que el aprobado este lunes siente las bases para un modelo definitivo aplicable a partir de 2018.

No obstante, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha indicado que se ha acordado en el Consejo Territorial que si no hay consenso para el año que viene, se prorroga es sistema de este año. "Este acuerdo da estabilidad la tercer sector en este periodo transitorio y, a partir de ahora, nos pondremos a trabajar para un modelo definitivo", ha añadido.

Los responsables del ramo de la Comunidad de Madrid y La Rioja, Carlos Izquierdo y Conrado Escobar, respectivamente, han coincidido en describir como "grandísimo" en pacto suscrito entre el ministerio y las comunidades autónomas, "tanto administrativo, como jurídico y territorial" y que, para el madrileño "parecía difícil hace unos meses".

Izquierdo ha afirmado que el hecho de que el Estado gestione este año el 20% del IRPF social sirve para "garantizar que haya solidaridad entre todos los territorios" y para dar "estabilidad" a las grandes entidades sociales de ámbito nacional. "Lo importante es que hay más de siete millones de personas que dependen de estos fondos y los vana recibir", ha concluid.