OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varios consejeros del Gobierno del Principado han comparecido este lunes en comisión sobre el proyecto de ley de impulso demográfico y han pedido a los grupos parlamentarios "consenso" para que la norma prospere, remarcando que una de sus prioridades será atender e impulsar la zona rural.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha incidido en que se trata de una "propuesta transversal que recoge muchas políticas del gobierno con clara vocación de servicio público y que contribuyen a asentar población en los territorios más despoblados de la comunidad".
"Dentro de estas acciones, uno de los pilares del estado de bienestar es el sistema sanitario", ha defendido, apuntando como una de las tareas más urgentes de su departamento "la elaboración de una propuesta de ordenación del mapa sanitario" como "pieza fundamental" para "el crecimiento y modernización" del sistema sanitario.
Al respecto, ha incidido en que La actualización del mapa sanitario "persigue el objetivo de mejorar los resultados en salud ante un nuevo escenario en el que la cronicidad, el envejecimiento y la atención a los nuevos problemas de salud requieren una respuesta eficaz donde estén integrados todas las respuestas de todos los profesionales", desde la atención primaria a la atención hospitalaria, la salud mental y la atención sociosanitaria.
"Estamos apostando por la protección y desarrollo de las áreas rurales con la mejora de los servicios públicos básicos. Para asentar población es importante contar, por ejemplo, con servicios de atención sanitaria para toda la familia. Debemos unir fuerzas para conseguir el mayor consenso ante una ley en la que salimos ganando Asturias y su población", ha argumentado.
Por su parte, la consejera de Educación, Lydia Espina, ha enfatizado en la apuesta del Ejecutivo por la escuela rural como medida "decisiva para fijar población".
"En nuestra consejería tenemos grabado que Asturias es rural y esta idea la trasladamos a todas nuestras políticas, a nuestro día a día", ha remarcado, haciendo mención al anteproyecto de ley para el desarrollo de la red pública autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años, denominada como 'Les Escuelines', y su apuesta por el "equilibrio territorial" para dar respuesta "a consejos que tienen censos de niños menores de tres años y también a los grandes municipios con listas de espera".
Para la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, desde el punto de vista territorial de las políticas que gestionan en su departamento, "los mayores problemas se sitúan en la zona rural" a la que "hay que prestar una atención prioritaria, dotándola de infraestructuras y servicios, y dinamizando el mercado laboral con nuevas actividades económicas que proporcionen una mejor calidad de vida para fijar población en esos entornos".
A su juicio, son necesarias medidas de acción transversal para combatir la despoblación y garantizar la cohesión social y territorial. "Seguiremos una línea de trabajo orientada a mitigar las posibles discriminaciones territoriales, en el acceso a los servicios públicos y para garantizar la disponibilidad de prestaciones de calidad para el conjunto de la ciudadanía", dice.
En cuanto a la promoción y estímulo de la actividad económica "como vector de fijación y atracción de población al territorio", Roqueñí ha afirmado que las prioridades del Gobierno se orientan "al desarrollo de la Estrategia de Economía Circular, de Transición Energética Justa y al aprovechamiento social, económico y ambientalmente responsable de los recursos naturales del territorio, en un contexto marcado por el desarrollo de la economía y la gestión de los recursos naturales del territorio".
Finalmente, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha señalado novedades fiscales de los últimos tiempos pensadas "para afrontar el reto demográfico, combatir la despoblación del medio rural, favorecer la natalidad, fomentar actividad económica y la movilidad sostenible", con mención expresa a la "vía fiscal asturiana" y al objetivo de que la contratación pública aplique cláusulas sociales que contribuyan a combatir el reto demográfico.
El también portavoz del Gobierno ha recordado la compleja estructura demográfica asturiana, con más de un 26% de la población mayor de 65 años y una baja tasa de natalidad.
Asimismo, ha asegurado que la aprobación con el máximo consenso de la ley "reforzará la posición del Principado frente al debate en el modelo de la financiación autonómica, de atender al coste efectivo de los servicios y que cuestiones como la orografía, la dispersión o el envejecimiento sean tenidos en cuenta".
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