OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 21 años de prisión para un procesado por delitos sexuales continuados contra dos de sus hijas, una de ellas menor de edad, en el municipio de Valdés. La vista oral se ha celebrado este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y ha quedado vista para sentencia.
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, nacido en 1968 y padre de cuatro hijas y un hijo, en fechas no determinadas de 2019, abusó sexualmente al menos en tres ocasiones de una de las niñas, de 16 años.
Además, en fecha no determinada pero a partir del mes de marzo o abril de ese mismo año, el procesado, aprovechando que su esposa y madre de sus hijos trabajaba fuera del domicilio familiar por las noches, comenzó a agredir sexualmente a otra de sus hijas, de 18 años, en ocasiones hasta cinco veces por semana.
En mayo de 2020, las dos víctimas contaron a su madre lo sucedido y presentaron denuncia. El 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Valdés dictó un auto por el que se impuso al procesado la medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 200 metros a sus dos hijas víctimas de estos hechos, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante la tramitación del procedimiento, además de medidas civiles consistentes en la atribución de la guarda y custodia de la que era menor de edad a su madre, la suspensión del régimen de visitas del procesado con sus hijos menores, la imposición al mismo de una pensión alimenticia y la atribución a su esposa e hijos menores del derecho al uso del domicilio familiar.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delitos de abuso y de agresión sexual, y solicita que se condene al procesado a un total de 21 años. Además, pide que se imponga al procesado la medida de libertad vigilada durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a sus hijas con 6.000 y 12.000 euros, respectivamente, por el daño moral causado y las secuelas, más los intereses legales correspondientes.