Un jefe de obra y dos responsables de seguridad se enfrentan a 6 años de prisión por un accidente laboral

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una suma de 6 años de prisión para un jefe de obra y dos coordinadoras de seguridad de la obra (dos años para cada uno) en la que un trabajador resultó herido cuando se desprendió súbitamente la pared de la excavación alcanzando al trabajador que se quedó semienterrado a la altura de las rodillas. El juicio se celebrará este jueves en el Juzgado de lo Penal n 1 de Avilés, a las 9.30 horas.

El Ministerio de Fomento, como promotor, adjudicó a la empresa 'UTE Villapedre'-Ferrovual Agroman-OCA Construccciones y Proyectos la ejecución de la obra de construcción de la Autovía del Cantábrico A-8, tramo Otur-Villapedre.

Según la Fiscalía el 2 abril de 2014 se estaban realizando trabajos de remate consistentes en la excavación de una zanja para albergar una tubería de drenaje del tajo denominado 'Camino margen Izquierda' en Valdés.

El empleado, de la citada UTE, sobre las 17.00 horas accedió al interior de la zanja de unas dimensiones aproximadas de 2 metros de profundidad pata tomar unos cotas de nivel y así poder determinar cuánto faltaba para llegar a la cota definitiva.

En la zanja no se había aplicado un sistema de entibación, pese a que su profundidad era superior a 1,5 metros. Una vez en el interior, un determinado volumen de tierra se desprendió súbitamente la pared de la excavación alcanzando al trabajador que se quedó semienterrado a la altura de las rodillas.

Como consecuencia sufrió lesiones consistentes en politraumatismos graves que requirieron tratamiento quirúrgico. El trabajador tenía 42 años cuando ocurrieron los hechos y a consecuencia del accidente le fue reconocida por la Seguridad Social una prestación por incapacidad absoluta con efectos desde el 5 de agosto de 2015.

Además de la pena de prisión, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente en 42.825 euros por lesiones y 262.793 euros por las secuelas y en 60.000 euros en concepto de daños morales derivados de la incapacidad absoluta.