La Junta aprobará la ley para endeudarse en 64 millones para gasto sanitario, pero la oposición pide mejor gestión

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ley para endeudarse en 64 millones para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que impulsa el Gobierno asturiano será aprobada en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias del día 23 de diciembre. Así se desprende de las intervenciones de los grupos de los distintos grupos de la oposición en la comisión parlamentaria sobre el texto.

Los portavoces, a pesar de decir que no van a obstaculizar la posibilidad de dotar de recursos para cuestiones ya comprometidas, no han desaprovechado la oportunidad para criticar la gestión económica del Gobierno y la falta de transparencia.

Ha sido tras las comparecencias sobre el texto de la ley en la comisión de Hacienda, donde han participado los consejeros de Hacienda y de Sanidad, Dolores Carcedo y Francisco del Busto respectivamente, entre otros comparecientes.

Los más críticos con el Gobierno han vuelto a ser Podemos y Foro Asturias. El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha dicho que este nuevo endeudamiento al que tiene que hacer frente el Principado se debe al incremento en el gasto en productos farmacéuticos y suministros. "Vienen a pedirnos crédito después de fundirlo todo en tragaperras", le ha dicho a los consejeros del Gobierno socialista asturiano, a los que les ha acusado de no controlar los gastos en empresas privadas.

De todas formas, Fernández Vilanova, ha considerado que obstaculizar la ley no es una opción porque las deficiencias y los desfases ya se han producido. "Se nos obliga a tragar unas facturas por parte de quien deja robarse la cartera que lleva el dinero de todos los asturianos; o hay gestores pésimos o malversadores intencionados", ha llegado a decir.

La portavoz de Foro Asturias ha criticado la falta de datos sobre la deuda que piensa adquirir el Principado. Considera que el informe que les han suministrado sobre las necesidades del Servicio de Salud del Principado de Asturias no concreta las partidas específicas. "¿Les parece responsable pedir la confianza para endeudarse en 64 millones sin decirnos a dónde va el dinero?", le ha preguntado a los dirigentes del Gobierno asturiano.

En una línea similar, la diputada del PP Emma Ramos ha exigido mayor transparencia para conocer las partidas a las que se va a destianr la deuda. Ha achacado a la "desidia" del PSOE una gestión que ha supuesto unas necesidades extras.

Tampoco va a obstaculizar esta ley Ciudadanos. Pero Armando Bartolomé también ha criticado la "opacidad" y ha querido profundizar en los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario, reprochando al Gobierno que no sea capaz de articular medidas estructurales que incluyan "repensar la relación con la industria farmacéutica".

Gaspar Llamzares, de IU, ha dejado claro que su grupo facilitará la aprobación del suplemento de crédito de 64,2 millones, pero también ha criticado la falta de información y ha dicho que existe margen para mejorar la gestión en el uso racional del medicamento.

Desde el PSOE, Margarita Vega se ha mostrado dispuesta a buscar la mayor eficiencia posible, pero ha dicho que el proyecto es necesario porque se trata de recursos que tienen que ver "con la cobertura de las necesidades de las personas". Además ha respondido al resto de grupos que el problema del aumento de gasto sanitario no es exclusivo de Asturias, porque crece "de forma preocupante" en todos los países.

CES

La ley impulsada por el Ejecutivo asturiano se deriva de la revisión al alza del objetivo de déficit para las comunidades autónomas para 2016, que se sitúa en 0,7%. Ese nuevo límite permite a Asturias endeudarse a largo plazo por 64,2 millones. El dinero, según ha establecido el Gobierno irá destinado al Servicio de Salud del Principado de Asturias, que gastó 165 millones más de los previstos en el presupuesto prorrogado de 2016.

La norma que será aprobada el día 23 cuenta con un artículo único que se divide en tres apartados. Fija esos 64,2 millones, establece que las operaciones de crédito podrán concertarse en función de las necesidades de tesorería en el plazo máximo de un año, y dice que el Gobierno tendrá que dar cuenta a la Junta General de las operaciones concertadas.

El Gobierno asturiano envió el texto al Consejo Económico y Social de Asturias (CES), para su análisis. Si bien el CES entiende que este recurso al endeudamiento se dedica a financiar un servicio público fundamental, ha considerado a través de un informe que el informe que acompaña al proyecto de ley debería ser "más exhaustivo" y reflejar de forma expresa las circunstancias "extraordinarias" a las que se refiere la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite endeudarse por plazo superior a un año.

"Igualmente debería aportar información más detallada de aquellas partidas presupuestarias para cuya ejecución es necesaria esta medida", añade el CES en su informe.