OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Derechos y Servicios Sociales de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este lunes una proposición no de ley de Foro que pide al Principado que regule, antes de que finalice el próximo periodo de sesiones, la intermediación inmobiliaria en Asturias.
El objetivo de la medida, según el grupo proponente, es "ordenar el sector, homologar a los agentes inmobiliarios capacitados y generar mayor protección al consumidor y confianza entre los ciudadanos". La iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos, salvo el PSOE, que votó en contra.
La sesión de la comisión de este lunes también ha servido para que los diputados discutiesen una proposición no de ley de Podemos que solicitaba la revisión de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas y la información a los compradores de las viviendas de protección pública de que su préstamo hipotecario está referenciado al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
La iniciativa pedía al Principado que inste al Gobierno estatal para realizar una "revisión profunda" de los procedimientos para los tipos de interés en viviendas protegidos "que en los últimos años han evolucionado con tendencias por encima del Euribor, siguiendo el índice IRPH, declarado abusivo en instancias judiciales".
También solicitaba a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de Asturias que informe por escrito a los compradores de viviendas de protección pública, cuyos contratos de compraventa han sido firmados en la Consejería, que su préstamo hipotecario está referenciado al IRPH.
Sin embargo, la proposición de Podemos fue rechazada por el voto en contra de PSOE y PP. La socialista Nuria Devesa, criticó "la forma" de hacer política de Podemos, grupo al que acusó de "banalizar" con este asunto. Explicó que el primer punto es competencia estatal y que, en lo referente al segundo, los notarios ya informan en la escritura.
El PP también votó en contra. El diputado Agustín Cuervas-Mons ha coincidido en que el primer punto debería discutirse en el Congreso, no en un parlamento autonómico y ha considerado que el segundo punto "no tiene sentido" porque entendía que la Consejería ya informaba.