OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un total de tres años de prisión para cada uno de los tres socios de la empresa de recogida de basura 'Cubo Express', acusados de emplear en Oviedo a doce personas extranjeras en situación irregular en condiciones abusivas y de falsificar documentaciones. La vista oral está señalada para el lunes, 11 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito de falsedad en documento público, por lo que solicita una condena para cada uno de los acusados de dos años y medio de cárcel por el delito contra los derechos de los trabajadores y otros seis meses por el delito de falsedad documental, así como multa durante 6 meses con cuota de 3 euros, más el pago de las costas judiciales.
Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados paguen, de forma conjunta y solidaria, indemnizaciones a los perjudicados por valor de 6.101,99 euros.
El Ministerio Público sostiene que la empresa, para dar apariencia de legalidad, realizaba contratos de trabajo con los extranjeros a nombre de personas diferentes que sí contaban con documentación legal para realizar el trabajo, pese a conocer que la verdadera identidad de los contratados no se correspondía con la que constaba en el contrato de trabajo y la ilegalidad del procedimiento. Utilizaron esa documentación para dar de alta temporalmente en la Seguridad Social, por cortos periodos de tiempo, a alguna de las personas extranjeras, a sabiendas de que se trataba de personas diferentes, presentando para ello en las dependencias oficiales la documentación falsa, que fue incorporada a los registros oficiales.
Excepto en el caso de un trabajador, "no se ha acreditado que los extranjeros contratados presentaran a la empresa la documentación falsa ni le facilitaran identidades ficticias, sino que éstas les eran atribuidas por los acusados, que la tenían en su poder con el fin de ocultar la situación irregular en que se encontraban estos trabajadores y evitar así las sanciones que desde la Inspección de Trabajo o de la Seguridad Social pudieran imponerles por las contrataciones ilegales realizadas", apunta la Fiscalía.