OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado de Podemos, Alberto Suárez, personado en la causa del 'Caso Marea', ha solicitado este martes la prisión provisional para los condenados por este caso de corrupción en el seno de la administración asturiana al entender que existe riesgo importante de fuga.
Suárez ha realizado estas manifestaciones tras escuchar en lectura pública los hechos probados y el fallo de la sentencia del Caso Marea, en la que se condena al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa; a la exdirectora de Planificación de la Consejería, María Jesús Otero, a nueve años y medio de prisión y una indemnización de 2.500.000 euros.
A la funcionaria Marta Renedo a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros; y a los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, a seis años de prisión para cada uno.
La Audiencia también ha condenado al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 3.240 euros. A José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, a un año de prisión y a abonar una multa de 2.880 euros.
Por último, la Audiencia ha condenado al exjefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho
El letrado de Podemos entiende que la sentencia está ya notificada y por lo tanto se debería de celebrar la vista con inmediatez para solicitar que los condenados entren en prisión ya que "existe riesgo de fuga al existir condenas de prisión elevadas y al estar demostrado que sustrajeron importantes cantidades de dinero".
Por su parte, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, se ha mostrado sorprendido "por la actitud del Gobierno socialista de Javier Fernández por permitir que los condenados se tomen gintonics en la playa en lugar de estar en la cárcel".
"No creemos que los delincuentes por haber tenido un carnet del partido socialista tengan que tener más privilegios que cualquier otra persona que es condenada por un delito", añade.