Asturias reclama 168.500 euros al Estado por la atención prestada a los internos en el último lustro
OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Principado y el Ministerio del Interior han iniciado hoy la negociación de las transferencias de la sanidad penitenciaria. La disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), daba 18 meses para la plena integración de esta prestación en la sanidad pública, con la transferencia de la competencia a las comunidades autónomas. No obstante, hasta ahora, sólo Cataluña y País Vasco la han asumido.
Este primer encuentro, celebrado en la cárcel de Villabona, se produce después de varias semanas de conversaciones telefónicas entre ambas administraciones, en las que la Consejería de Sanidad ha solicitado datos relacionados con la población reclusa, los programas de salud en vigor y las cifras de actividad asistencial.
Como colofón a estos contactos, la directora General de Planificación Sanitaria, Concepción Saavedra, ha visitado el penal junto con el subdirector de Sanidad Penitenciaria del ministerio, José Manuel Arroyo, y un grupo de técnicos de la consejería y del Servicio de Salud del Principado (Sespa), con el propósito de conocer la situación, las instalaciones y el equipamiento del centro.
El Ejecutivo reclama que, en el marco de la negociación de las transferencias, se aborde de manera prioritaria el abono de la deuda que Instituciones Penitenciarias mantiene con el Principado, que ronda los 168.500 euros, y que se corresponde con los fondos que se deberían haber percibido por la asistencia prestada en los últimos cinco años. A esta cantidad habría que sumar, además, el pago por la atención que ofrece a los internos el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y los tratamientos farmacológicos, algunos de alto coste, como el de la hepatitis C.
La actual regulación de la colaboración entre el ministerio y el Principado para la asistencia a la población interna de la cárcel de Villabona se remonta a 2006, fecha del último acuerdo suscrito con base en el convenio marco que ambas administraciones mantienen desde marzo de 1995. El citado acuerdo se centra en las áreas de consultas de especialidades y de diagnóstico radiológico.
En este contexto, un grupo de profesionales del Sespa acude periódicamente a Villabona para establecer protocolos de actuación conjunta con los sanitarios que desarrollan su trabajo a diario en las instalaciones del penal. Pese a que el acuerdo no se ha renovado en los últimos once años, personal del HUCA y de Salud Mental mantiene esas visitas.
Además, desde 2010 la consejería ha intentado infructuosamente suscribir un convenio más amplio en este ámbito con el ministerio, como han hecho otras comunidades, para abarcar ámbitos como la salud pública, la medicina preventiva, la vigilancia epidemiológica, la intervención en drogodependencias o la incorporación social de pacientes con eximentes o atenuantes de responsabilidad pena, entre otras medidas.