El Principado tiene la voluntad política de avanzar hacia la regulación de las bebidas energéticas

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Asturias tiene la "voluntad política" de avanzar hacia la regulación de las bebidas energéticas, al tiempo que se ha mostrado partidario de prohibir su venta a menores de 18 años, para situar estos productos "al mismo nivel que el alcohol y el tabaco".

A su juicio, en esa regulación no deberían estar implicadas únicamente áreas como las de salud, educación y juventud, sino también otras como las de deportes y comercio, así como representantes de la sociedad civil y, en particular, representantes de los consejos de la juventud, jóvenes, profesorado y asociaciones de madres y padres.

Desde su punto de vista, existe "un abuso absoluto" en el consumo de bebidas energéticas entre preadolescentes, además de desinformación entre la ciudadanía sobre sus características y efectos.

"Nuestra intención es estudiar en detalle cuándo, quiénes y cómo se consumen, en qué cantidad y qué efectos causan sobre el organismo", ha explicado.

Zapico ha realizado estas declaraciones en la presentación de la memoria de actividades de 2023 de la dirección general, en la que ha intervenido con la jefa de servicio, Isabel Ardura, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra hoy. Ambos han dado a conocer los datos globales del año pasado.

La Red de Centros de Formación para el Consumo, pionera en Europa y que este año celebra su 25 aniversario, recibió el año pasado 19.725 visitas, 5.479 más que en 2022.

Esta cifra se aproxima al récord anterior a la pandemia, cuando 21.506 personas recibieron orientación sobre consumo responsable, consciente, sostenible y solidario en los centros de Blimea, Lugones, Ribadesella, Tineo y Vegadeo.

Además, el Servicio de Consumo tramitó en 2023 un total de 1.524 reclamaciones, la mayoría sobre comercio minorista (297), suministros de gas y electricidad (199), venta y reparación de vehículos (121) y telecomunicaciones (119). Estas denuncias dieron lugar a la incoación de 72 expedientes sancionadores, con un importe superior a los 108.000 euros.