El PSOE valora si impugnar la modificación del PGO al afirmar que vulnera principios legales fundamentales

"Generará resultados urbanísticos 'indeseados'", advierten los socialistas

GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Tino Vaquero ha avanzado este jueves que están valorando impugnar judicialmente la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que el Gobierno local llevará al próximo Pleno ordinario, al opinar que vulnera principios legales fundamentales.

A este respecto, Vaquero, que ha comparecido en rueda de prensa, ha considerado esta modificación "poco rigurosa", al tiempo que ha advertido de que generará resultados urbanísticos "indeseados", según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"Teníamos razón en las alegaciones presentadas a la modificación del Plan General de Ordenación y, por eso el Gobierno local hace una estimación parcial, pero, a nuestro juicio, es insuficiente y contrario a derecho", ha remarcado el edil socialista.

Para Vaquero, lo que genera más controversia es la aceptación parcial de la enmienda formulada sobre la edificabilidad de los equipamientos públicos destinados a necesidades dotacionales de interés general.

En ella, el PSOE advertía de que otorgar una edificabilidad máxima a estos edificios de 2m2/m2, independientemente de dónde se ubiquen, podría dar lugar a "resultados urbanísticos desastrosos y edificios frankenstein desproporcionados ya que, por muy públicos que sean, no son transparentes, ocupan el mismo espacio y producen el mismo impacto que cualquier otro edificio", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que lo que ha hecho el Gobierno local finalmente es limitar la citada edificabilidad máxima solo para entidades privadas sin ánimo de lucro, no para los públicos, considerando que "esos 2m2/m2 es una edificabilidad máxima a la que solo se podrá llegar previa justificación de la necesidad", ha recalcado.

Además, "para curarse en salud", según el concejal socialista, "añaden otro inciso para que otorgar una edificabilidad menor no suponga responsabilidad patrimonial".

En cuanto a los equipamientos públicos, el Gobierno fundamenta la respuesta a la alegación socialista en que será la administración la que deba analizar y tomar las decisiones pertinentes para dar solución a las necesidades reales y justificadas sin ocasionar un efecto indeseado.

"Esta opción rompe por completo el principio de seguridad jurídica ya que deja un dato tan importante como es la edificabilidad final de un equipamiento a criterio de la Administración, tanto para los equipamientos públicos como para los privados, sin especificar cuáles son los criterios y circunstancias a valorar", ha señalado.

"Es decir, pasamos de una solución que era muy mala pero objetiva, la de 2m2/m2 para todos, a una solución peor por su repercusión jurídica, en la que 2m2/m2 es una edificabilidad máxima que la Administración puede conceder o no en función de los criterios que ella misma considere para sus equipamientos públicos o de la justificación de la necesidad para los privados. Urbanismo a la carta, en definitiva", ha agregado Vaquero.

En este caso, los socialistas consideran que el PGO, de acuerdo con la normativa autonómica, debe calificar cada una de las clases de suelo, la asignación pormenorizada de usos, su intensidad y las tipologías edificatorias, siguiendo los principios de máxima sencillez, inteligibilidad y proporcionalidad.

DETERMINAR PORCENTAJES

Asimismo, creen que debe determinar, "de forma clara y objetiva", el porcentaje de terreno que puede ser ocupado, el volumen, la forma, el número de plantas, la clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada tipología en toda la zona; también tiene que establecer la edificabilidad en suelo urbano o urbanizable.

"La edificabilidad no puede quedar al libre criterio de la Administración para cada caso concreto en función del criterio del técnico de turno", ha manifestado el edil, quien ha señalado que esto puede dar lugar a equipamientos con diferentes edificabilidades en la misma zona y bajo la misma ordenanza.

Para él, el error parte de considerar que solo la propia Administración es la interesada en el desarrollo urbanístico cuando no es así.

Sobre este asunto, se ha preguntado si acaso el propietario de un equipamiento privado sin ánimo de lucro o uno colindante, no tienen derecho a conocer, con la seguridad que otorga un Plan General, lo que se puede edificar a o no en cada suelo.

Por todo ello, ha mostrado su preocupación por lo que cree una vulneración de los principios básicos de estas regulaciones previstos en la legislación autonómica.

"Se rompen los principios básicos de todo Plan General previstos en nuestra legislación autonómica; se rompe la seguridad jurídica y se otorga una facultad la Administración que afecta directamente al derecho de propiedad, en este caso no por la posibilidad de limitar ese derecho sino por no hacerlo con un criterio previamente establecido y, por tanto, objetivo", han alertado desde el PSOE.

Por otro lado, también ha reprochado que el Gobierno ha ignorado algún informe, según él, como el emitido por la Consejería de Cultura, recabado tras la aprobación inicial de la norma.

En él, se recogía la obligatoriedad de identificar los equipamientos sujetos a protección, analizar los impactos que el aumento de edificabilidad puede llevar consigo sobre los mismos sin que, hasta el momento, se haya satisfecho la petición del Principado que, en todo caso, deberá recogerse, tal y como se indica, antes de la aprobación definitiva.

Respecto a la alegación presentada para subsanar la falta de previsión expresa de que la vivienda dotacional sea uno de los usos compatibles en edificios destinados a equipamientos públicos, ha recriminado al Gobierno municipal que no ha querido modificar el texto.

"Sí clarifica las dudas que nos surgían, reconociendo en el informe emitido por el Servicio Técnico de Urbanismo que el uso residencial dotacional ya se contempla en los edificios destinados a equipamientos desde el momento en que el uso dotacional en cualquier equipamiento público es compatible y/o complementario al uso predominante sin necesidad de que expresamente se reconozca en cada zona de ordenanza", ha aclarado.

"Creemos que hubiera sido mejor aclararlo expresamente, pero nuestro objetivo era, en definitiva, conseguir garantías para la dotación residencial y dejar despejadas las dudas en la regulación legal", ha añadido Vaquero.