Ripa: "Dejar en libertad provisional a los condenados por el 'Caso Marea' deslegitima la credibilidad en la justicia"

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, se ha mostrado este viernes convencido de que la decisión de la Audiencia de dejar en libertad provisional a los condenados por el denominado Caso Marea, "deslegitima la credibilidad en la justicia y la credibilidad en los gobiernos e instituciones".

"Nadie en Asturias entiende algo que es, para nosotros y para toda la ciudadanía, doloroso, indignante e incomprensible que un condenado por corrupción no entre en la cárcel. Además la ciudadanía ha estado a la altura , ha habido presión social, todo el mundo quería que entrasen en la cárcel y eso no se ha producido", ha dicho Ripa.

Ripa se ha manifestado así tras la vista celebrada este viernes en la que el tribunal decisión, en contra de lo que pedía la acusación particular ejercida por Podemos, que solicitaba el ingreso en prisión y en sintonía con la Fiscalía y el resto de las partes.

Una decisión que a juicio de Podemos "transmite una muy mala imagen de la defensa de la ley y la lucha contra la corrupción y manda un mensaje de que hay impunidad y quien roba no paga".

A juicio del secretario del partido morado, "existían argumentos jurídicos y motivos suficientes para pedir la entrada en prisión y creo que la propia Fiscalía lo había valorado". Por ello ha insistido en que "nadie en Asturias entiende que quienes roban no entren en la cárcel y estén en la playa durante años".

Daniel Ripa ha añadido que tampoco nadie entenderá que el Principado no haya pedido la entrada en prisión de quien ha robado "hasta quince millones de euros". "Javier Fernández está permitiendo que hoy se aten los últimos cabos del 'arecismo'", ha dicho Ripa, que ha manifestado "no se sabe si Riopedre va entrar algún día en prisión".

En este sentido Ripa ha indicado que el PSOE "tiene un problema estructural con la corrupción que habrá que ver si el nuevo PSOE podrá hacerle frente".

LAS DEFENSAS HABLAN DE MANIOBRA POLÍTICA

Dentro, en la sala, los letrados de los condenados han criticado la postura de Podemos al solicitar el ingreso inmediato en prisión y han considerado que las razones por las que se ha hecho no han sido jurídicas, sino de carácter político.

Así la abogada de María Jesús Otero, Ana Muñiz, ha insistido en que no hay ni una sola cuestión legal que determinase esa entrada en prisión y ha lamentado que se trata sólo de una "maniobra política por parte de Podemos".

También se ha mostrado muy crítico el letrado Javier Díaz Dapena, representante del empresario Alfonso Carlos Sánchez, que ha felicitado al principado por no ceder ante el "chantaje político" de la formación morada. En la misma línea el abogado de José Luis Iglesias Riopedre ha indicado que "todos saben que la petición responde a motivos políticos y no procesales".

CONDENADOS A PENAS DE PRISIÓN

La mayor pena de privación de libertad recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.

La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración del Principado por las cantidades sustraídas. A los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, se les impone seis años de prisión para cada uno.

La Audiencia también ha condenado al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil concurriendo la atenuante analógica de confesión y al pago de una multa de 3.240 euros.

José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, ha sido condenado a un año de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de fraude a la Administración y deberá abonar una multa de 2.880 euros.

Por último, la Audiencia ha condenado al ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho.