EL TSJA se hace cargo de la instrucción contra Dolores Campillo por un delito de prevaricación administrativa

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha aceptado la inhibición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes a favor de dicha Sala, con respecto a unas diligencias incoadas contra la exalcaldesa de Llanes y, en este momento, diputada del PSOE de la Junta General del Principado, María Dolores Álvarez Campillo, por un delito continuado de prevaricación administrativa en dicho juzgado.

La Sala ha podido constatar, de manera indiciaría en una fase instructora, la individualización de una concreta conducta por parte de la exalcaldesa de Llanes y diputada regional socialista y por tanto persona aforada, en relación a los hecho denunciados, por lo que a partir de este momento comunica que se hace cargo de la Instrucción, para la cual se ha nombrado magistrado instructor, según el turno correspondiente de la Sala, al magistrado Ángel Aznárez Rubio.

Los hechos relacionados con este procedimiento fueron denunciados en Octubre de 2016 ante el Juzgado de Llanes por Enrique Riestra Rozas, como alcalde de Llanes, quien atribuía inicialmente hechos presuntamente delictivos a la ya referida exalcaldesa, al secretario del Ayuntamiento de Llanes, Santiago Fernández Molpeceres, y al interventor del mismo consistorio, Gregorio García Arranz.

Estos dos últimos prestaron declaración como investigados ante la magistrada titular del Ayuntamiento de Llanes en junio del año pasado y este mes de enero respectivamente. Asimismo la magistrada de Llanes recibió declaración como investigados el pasado 17 de enero al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Herrero Mijares, y a la concejala de Economía y Hacienda, Esther Bustillo Palacios.

La presunta prevaricación administrativa objeto de la instrucción de la que ahora se hace cargo el TSJA, estaría relacionada, según la denuncia, con la contratación por parte del Ayuntamiento llanisco de un arquitecto mediante contratos administrativos de servicios de corta duración que, según la denuncia, se habrían prolongado en el tiempo de 2006 a 2015.