AVILÉS 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové y la concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Avilés Arancha Martínez Riola han advertido este viernes de su preocupación "por la deriva totalitaria y por la manipulación y el uso de la historia con fines políticos" al tiempo que rechazaron medidas como "la carta coercitiva" que han recibido las comunidades de vecinos "para la retirada de las placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda", como ha sucedido en Avilés, porque este requerimiento "no tiene base legal".
Javier Jové ha acusado a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, de "amedrentar a los vecinos mandando cartas amenazadoras" e hizo un llamamiento "a cualquier comunidad de vecinos de Asturias que haya recibido cualquier comunicación por parte de la Administración pública, similar a la de Avilés, que lo comunique a nuestro partido. La historia debe quedar al margen de la política, quedar para los historiadores de la contienda partidista" y añade que "una sociedad democrática no puede permitir que el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos o que busque fijar una Verdad o una Historia Oficial, más propio de una distopía orwelliana".
El diputado de Vox ha advertido que las izquierdas "quieren agitar viejos odios y miedos ya superados. Enfrentar a la sociedad y deslegitimar al adversario político" y por eso "apelamos a los valores de concordia, convivencia y tolerancia que impulsó la Transición". Con todo ello asegura que "la ley de la Memoria democrática es una intolerable intromisión del Estado en la conciencia de los españoles, al pretender moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión y la libertad de cátedra. Su derogación es una exigencia moral y democrática, hay que evitar que desde las instituciones y con dinero público se haga política de hechos que sucedieron hace casi 100 años".
En este punto ha recordado que el Grupo Parlamentario Vox Asturias presentó en octubre de 2023 una iniciativa que pedía "la derogación de la ley regional de 'desmemoria' democrática, solicitud que reiteramos en el pasado Debate del Estado de la Región en otra propuesta de resolución.