La Red de Ciudades Inteligentes pide cambios legislativos para facilitar la colaboración público-privada

Se incorporan a la RECI Santiago de Compostela, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Pozuelo de Alarcón y Getafe

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) aboga por que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar la colaboración público-privada en el ámbito de las 'smart cities' (ciudades inteligentes).

Por ello, la Junta Directiva de la RECI, reunida este viernes en Rivas Vaciamadrid (Madrid), ha aprobado una propuesta para cambiar esta legislación en este sentido, según ha anunciado su presidente y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

Así, ha dado el visto bueno al documento, elaborado por un grupo de trabajo específico de la Red, en el que colaboran Garrigues y Fundetec, para responder a las necesidades a las que actualmente se enfrentan los ayuntamientos a la hora de contratar los servicios necesarios para convertir su ciudad en una ciudad inteligente.

La elaboración de esta propuesta se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Ahora la RECI solicitará una reunión con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para trasladar estas modificaciones y que se puedan incorporar lo antes posible.

LAS MODIFICACIONES

Con los cambios propuestos, se pretende "normalizar" el empleo del contrato de colaboración entre el sector público y el privado, que, según la RECI, "no ha tenido la aplicación potencial que podía preverse para los proyectos de smart city".

De la Serna ha defendido que se trata de "un tipo de contrato más, con todas las garantías para la satisfacción del interés general".

Por ello, se propone eliminar el "carácter residual" que este tipo de contrato tiene, según la RECI, la actual normativa, que exige acreditar que otras fórmulas de contratación no permiten la satisfacción de las necesidades públicas.

Sobre la duración de los contratos, en especial el mixto y el de servicios, se plantea la conveniencia de atender al hecho de que, en ocasiones, determinadas necesidades propias de los proyectos smart city pueden requerir, esencialmente por razones de financiación y amortización de la inversión, de períodos de duración superiores a los previstos por los contratos tipos en la actual Ley de Contratos.

Así, se plantea introducir un nuevo apartado que determine que los contratos mixtos vendrá determinada por la duración de la prestación principal salvo que, por razones excepcionales fuese necesario un plazo mayor y siempre que dicha ampliación esté convenientemente justificada.

También se propone introducir la posibilidad que el contratista pueda ser pagado por entidades distintas al órgano de contratación, en la medida en que dichas entidades previamente hayan sido obligadas a ello.

Se trataría de supuestos en los que sean los concesionarios de servicios verticales los que, a su vez, y en lugar o paralelamente a la Administración, paguen por ejemplo, los servicios del prestador de servicios de plataforma.

Según el presidente de la RECI, esto daría la posibilidad de "aglutinar" bajo un mismo contrato de gestión diferentes servicios públicos.

Otra de las modificaciones sería la definición de contrato mixto para prestaciones que derivarían en dos o más contratos regulados por la Ley de Contratos, y se plantea que, para la determinación de las normas que se deban observar en su adjudicación, se atenderá al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

De la Serna ha opinado que con esta iniciativa se da "un paso importantísimo" para el desarrollo de las ciudades inteligentes españolas, que hasta ahora --ha dicho-- "encontraban dificultades para poder encajar determinado tipo de acuerdos de colaboración público-privada en el marco de la ley de contratos vigente".

Ha defendido que el "esfuerzo conjunto y coordinado" de las ciudades y el sector empresarial es "una de las bases" sobre las que se va a sustentar el avance de las 'smart cities', por lo que, a su juicio, es "fundamental" que se produzcan facilidades legislativas, administrativas y fiscales con marcos jurídicos estables que favorezcan la participación del sector empresarial.

NUEVAS INCORPORACIONES Y AVANCES EN LA RECI

Por otro lado, la Junta Directiva de la RECI, formada por los alcaldes de los 25 municipios fundadores, entre ellos Santander, ha aprobado la incorporación de Santiago de Compostela, Getafe, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que habían solicitado su adhesión. Con ellos, la Red pasa a estar constituida por 53 municipios.

De la Serna ha destacado el "espíritu colaborativo y solidario" que, a su juicio, tiene esta Red, en la que los ayuntamientos comparten sus experiencias y ceden al resto sus aplicaciones y desarrollos para optimizar los recursos y avanzar de la mano, apoyados en las tecnologías, en la mejora de la competitividad del país.

Asimismo, ha afirmado que España está "a la vanguardia" en lo que respecta al trabajo conjunto de las smart cities.

Además, la Junta Directiva ha repasado y aprobado también los avances realizados por los cinco Grupos de Trabajo de la Red.