La AEPD ha impulsado este año la retirada de 200 contenidos de carácter sexual a través de su canal prioritario

España pide crear de servicios de prevención de adicción a las TIC en las consejerías de Educación

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha gestionado este año 200 reclamaciones de contenido sexual a través de su canal prioritario, que se han resuelto en cuestión de horas, y que han alcanzado una efectividad del 94% en cuanto a la obediencia de medidas cautelares.

Así lo ha informado hoy en Santander la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, quien ha explicado que el perfil de usuario del canal es el de una mujer menor de 30 años "que está pidiendo a la agencia desesperadamente que ayudemos en la retirada de contenidos de carácter sexual".

"¿Pero son 200 los casos?. Estoy segura que no, estamos en la punta del iceberg. Aunque venga en contra de la carga de trabajo de la agencia, es muy importante que consigamos que hasta el último ciudadano sepa que existe este canal y que la agencia está para ayudar", ha dicho.

En este sentido, España ha explicado que una "misión fundamental" de la agencia es la protección de las personas en Internet y 2020 ha finalizado con consolidación del canal prioritario, que es una iniciativa pionera en el mundo, única de una agencia pública, que posibilita a los ciudadanos de manera gratuita la retirada de contenidos especialmente sensibles. Permite la adopción de medidas cautelares con las que la AEPD ordena a quien difunde la información que la retire.

La agencia valora la reclamación en un día y al siguiente sale la orden de medida cautelar.

España ha indicado que la efectividad de las medidas cautelares alcanza el 94% y los contenidos se están retirando entre 3 y 72 horas después. El 6% restante corresponde a empresas donde el establecimiento principal no está en España "y es mucho más difícil que la competencia de la agencia pueda alcanzar".

Estas actuaciones son prioritarias y van al margen de las 17.000 reclamaciones que la agencia espera recibir este año, ha señalado España en una rueda de prensa con motivo de su participación en el curso 'Privacidad, sostenibilidad e innovación', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en la que ha destacado que la AEPD está impulsado la protección de datos "como un motor de competitividad", pues la economía del dato moverá para 2025 el 4% del PIB y más de 50.000 millones de euros.

España también ha realizado un llamamiento para tres temas que considera que deben ser "prioritarios en las agendas políticas", empezando por la adicción de los jóvenes a nuevas tecnologías, de lo que "nadie habla".

Según ha indicado, uno de cada 5 jóvenes presentan adicciones al uso de los dispositivos móviles con consecuencias tan graves como el aislamiento social, afectivo, salud mental y los problemas de fracaso escolar. Por ello, ha propuesto la creación de servicios de prevención en las consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas para dar pautas a la comunidad educativa y a las familias, "para que puedan detectar las señales de alarma porque cuando antes se trate será mas fácil de erradicar, como todas las adicciones".

Además, ha defendido la necesidad de "generalizar ya" la enseñanza del uso responsable de Internet en las asignaturas de libre configuración, troncales y comunes; y de concienciar a las familias. "Cuando damos las llaves del coche, damos unos consejos; seguramente no damos los mismos cuando damos un móvil, ¿por qué?".

Al respecto, ha animado a seguir las recomendaciones de la Policía Nacional, y ha remitido a la web aseguratic, "la mejor base de datos en castellano sobre el uso responsable de Internet".

También ha advertido sobre el acceso al porno de los menores porque "no puede ser que en España se esté dando en menores de edad en 8 años". La agencia ha propuesto una modificación legislativa al Gobierno para la trasposición de directiva europea "y ver qué medidas de control se pueden establecer para estas plataformas que ofrecen contenidos que pueden dañar gravemente la personalidad del menor".

La AEPD está realizando una labor de verificación de las plataformas que de estos contenidos, que son legítimos para un adulto, para que cumplan con las cautelas respecto al acceso por parte de menores.

La otra cuestión sobre la que ha realizado un llamamiento es la posibilidad de realizar denuncias anónimas para garantizar la lucha contra la corrupción. España ha propuesto al Congreso extrapolar medidas del código ético de la agencia

"Normalmente los casos de corrupción se conocen desde abajo y si no se garantiza el anonimato, va a tener miedo a perder el puesto y posiblemente no se denuncie. Además, en el sector publico no hay ninguna ley que posibilite las denuncias anónimas contra la gestión de cualquier alto cargo en cualquiera de las tres administraciones publicas", lo que España ha planteado a la Cámara Baja.

PACTO DIGITAL

Por otra parte, España ha destacado la "importante consolidación" del pacto digital que se ha producido este año.

Un pacto que la AEPD impulsó en enero con 100 entidades adheridas para concienciar y difundir entre su plantilla y clientes. "Hablamos de millones de personas" que conocen iniciativas de la agencia como el canal prioritario o recomendaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, "porque no nos podemos permitir en un estado de derecho y una democracia que suicidios como el de la mujer de Iveco se vuelvan a repetir".

"En la garantía de este derecho fundamental no basta solo con hablar de derechos digitales, es importante también hablar de responsabilidades en el ámbito digital, y no solo hay responsabilidad administrativa, multas, sino responsabilidad penal, civil y laboral. Igual que cuando coges un coche puedes acabar en la cárcel, cuando coges un móvil puedes acabar también en la cárcel", ha recordado.

MÁS PRESUPUESTO

Finalmente, la directora de la AEPD, que lleva con el mandato prorrogado dos años y que no se presentará a la reelección, ha realizado un llamamiento público y una petición al Gobierno para que la agencia reciba "los medios económicos que necesita para garantizar su independencia".

El presupuesto actual es de 14 millones y la plantilla de 180 personas y para 2022 reclama un incremento de tres millones de euros, "que es bastante proporcional y prudente en relación con la carga de trabajo tan ingente que tenemos" y 35 empleados más, que "tampoco son unas cifras descomunales".

"Hemos recibido un incremento en las reclamaciones de más del 33%, también muy complejas, y si queremos independencia, es esencial que de cara a 2022 y la renovación de la agencia, el Gobierno en los Presupuestos de 2022 atienda las necesidades de la agencia, que como consecuencia del Covid se han tenido que posponer".