Gobierno y sindicatos pactan los criterios ambos ejercicios, que suman 760 plazas, y los méritos puntuarán un 25% y el examen un 75%
SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria y los sindicatos CCOO, UGT, SIEP, CSIF y SUC han firmado este jueves el acuerdo alcanzado sobre los criterios que regirán los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024, que suman 760 plazas, 207 de promoción interna y 563 de turno libre.
Para estas últimas, se mantendrá el sistema de concurso-oposición de anteriores convocatorias, con lo que se valorarán también los méritos y la experiencia de los aspirantes, si bien se dará más peso a la fase de oposición –al examen, en concreto un 75%- tras haber concluido los procesos de estabilización y reducir de forma importante la tasa de interinidad.
Así, para los nuevos procesos de concurso-oposición se establece una valoración en la fase de concurso del 25% del total y los criterios de valoración de méritos se distribuirán en un 18% por los servicios prestados en el mismo cuerpo o escala, categoría o especialidad al convocado en cualquier administración pública, con un cómputo máximo de 60 meses completos, y el 7% restante, por la superación de la fase de oposición en anteriores procesos sin haber conseguido plaza dentro del mismo cuerpo o categoría.
La rúbrica se ha llevado a cabo en la sede del Ejecutivo y ha corrido a cargo de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y representantes de todos los sindicatos presentes en la administración -en la mesa sectorial y el comité de empresa- salvo TU.
Las 760 plazas de la OEP se dividen en 459 del año pasado y 411 del presente ejercicio, de las que 430 son para funcionarios y 340 para personal laboral, y el sistema de concurso oposición -y no solo de oposición- había sido solicitado por las organizaciones sindicales.
Con esta fórmula, y en palabras de la consejera, se pretende escoger "a los mejores candidatos", y responde también a la necesidad de "renovar y rejuvenecer" las plantillas y de que los aspirantes compitan "en igualdad de condiciones" respecto a las convocatorias estatales y de otras comunidades autónomas.
"Hay que abrir el abanico" porque "todos tienen derecho a entrar en la carrera pública", ha defendido Urrutia en su comparecencia ante los medios tras firmar con los sindicatos el acuerdo, con el que también se pretende "retener talento", y se compensan además los intereses de posibles nuevos opositores con los de quienes han desempeñado o desempeñan su trabajo en la administración.
UN BUEN ACUERDO
Por eso cree que se trata de "un buen acuerdo", que "pone en valor el empleo público" y "prima el esfuerzo, la constancia y la experiencia". Y además, "cumple con las expectativas de ambas partes", ya que aunque no ha sido suscrito por todas las organizaciones tampoco cuenta con la oposición de ninguna de ellas.
Los representantes sindicales que sí han firmado han mostrado su satisfacción por el pacto, aunque no recoja todas sus pretensiones iniciales, al tiempo que han valorado el diálogo por parte del Ejecutivo, confiando en que esto sea "el principio" de otros asuntos pendientes de negociar.
Urrutia también ha resaltado que tras concluir todo el proceso negociador en la mesa sectorial y el comité de empresa el Gobierno ha cedido en su planteamiento inicial de convocar las plazas sin fase de concurso, con el fin de rejuvenecer la plantilla pública y en la línea mostrada por otras comunidades autónomas y la Administración del Estado.
TRES RAZONES
"Nuestra premisa fundamental es introducir criterios objetivos, que nos permitan una valoración de méritos rápida, introducir la simplificación y no retrasar la ejecución de la OEP", ha explicado, antes de incidir en que existen tres razones para "defender" el acuerdo, una vez que han finalizado los grandes procesos de estabilización de empleo público en la Administración General, ya no hay temporalidad de larga duración -el objetivo es mantenerla en el 8% y que no supere esa tasa- y es necesario renovar las plantillas.
En segundo lugar, ha señalado que es necesario organizar procesos selectivos "más ágiles" en su ejecución: "No puede ser que tardemos más de un año desde la convocatoria hasta el ingreso", y, por último, ha defendido dar un trato de igualdad de oportunidad a los ciudadanos y primar el esfuerzo.
"Una excesiva ponderación de la fase de concurso afecta al principio de igualdad en el acceso del empleo público y desincentiva a nuevos opositores jóvenes", ha apuntado.
El acuerdo alcanzado determina también que será el porcentaje de temporalidad estructural, la evolución de la edad media de la plantilla y el porcentaje de incorporación de jóvenes los criterios que determinen la elección del sistema de selección de futuras convocatorias, a partir de 2025.