La jueza del caso Santa Catalina avala la instrucción y deniega la petición de nulidad

Las defensas de los imputados acusan al juez instructor, Luis Acayro Sánchez, de parcialidad y de abrir una "causa general"

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha denegado la petición generalizada de nulidad de la instrucción planteada por las defensas de los acusados en el juicio por prevaricación en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, que ha comenzado este lunes. De esta forma, tanto la jueza como la fiscal del caso han avalado la actuación del juez Luis Acayro Sánchez y han rechazado las críticas de falta de imparcialidad y vulneración de derechos de las defensas.

También han rechazado el argumento común de las defensas que sostienen que el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales abrió una causa "general y prospectiva" para investigar, no hechos concretos, sino toda la actuación del Ayuntamiento de Castro Urdiales, a raíz de un "anteproyecto" de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2004, que en 2010 "quedó en nada y se archivó".

Según el juez instructor, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, así como la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, lo que calculan que puede ser un menoscabo patrimonial para el Consistorio de unos 2,4 millones de euros.

Están acusados los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muruguza, los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Salvador Hierro, Pedro Olano, Teresa Pérez, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Joaquín Antuñano, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales.

Las defensas sostienen que Acayro Sánchez convirtió la instrucción en una causa general y que éstas están "absolutamente proscritas" por el ordenamiento y le acusan de indefensión por infracción de las normas de reparto y vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

Así, han acusado al juez instructor de "obviar el sistema de turnos" y de autoproclamarse competente para conocer todos los procedimientos" que va abriendo a través de piezas separadas, así como de utilizar pruebas de otras causas para "construir una telaraña genérica y ahondar en esa supuesta trama".

Sin embargo, la jueza ha apoyado la tesis de la fiscal, que ha calificado de "gruesas" las manifestaciones de las defensas contra el juez instructor y ha rechazado que Acayro actuara con "inquina" como a su entender han tratado de trasladar de forma implícita los abogados de los acusados.

Tanto la jueza como la fiscal han recordado que las defensas han invocado la nulidad de las actuaciones a lo largo de todo el procedimiento, de forma que la Audiencia ya se pronunció al respecto, en igual sentido desestimatorio, y no se han planteado recusaciones.

Además, consideran que el juez instructor hizo un correcto uso de la figura de las piezas separadas al tratarse de actuaciones "conexas". La jueza ha dicho que se trata de una investigación que deriva de otras investigaciones previas del mismo juzgado contra los mismos acusados, lo que a su vez supone que tenían conocimiento previo por lo que rechaza que se haya producido indefensión.

La fiscal ha abundado en ese tema al señalar que la mayor parte de los acusados se acogieron al derecho a no declarar y hoy invocan la vulneración del derecho a la defensa. En su opinión, los hechos enjuiciados tienen "toda la apariencia de ser constitutivos de delito" y de haber contravenido "groseramente" la legalidad. Además, ha advertido que la aceptación de la nulidad solicitada por las defensas dejaría a los acusados en un "escenario muy favorable de prescripción de las causas".

El juicio, en el que están acusadas 19 personas entre exconcejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ha comenzado este martes en el salón de actos de Las Salesas, y continuará los días 20, 25, 27, 28 y 29 de septiembre.

DECAEN TODAS LAS ACUSACIONES PARTICULARES

El partido La Unión, que ejercía la acusación popular, anunció este mismo lunes su retirada, y las acusaciones particulares no se han presentado, con lo que pierden esa condición.

De esta forma, los acusados únicamente se enfrentan a la petición de penas de la Fiscalía, que en su escrito inicial, que data de febrero de 2010 -hace más de siete años-, calificó los hechos como delitos continuados de prevaricación genérica y prevaricación urbanística y como delitos de falsedad en documento público cometido por funcionario público.

Posteriormente, en el año 2011, la Audiencia decretó la prescripción de los delitos de falsedad en documento público por los que la Fiscalía solicitó inicialmente tres años de cárcel para el exalcalde Rufino Díaz Helguera y seis para el exsecretario municipal César Sáiz. De esta forma, solo serán objeto de enjuiciamiento los hechos calificados por la Fiscalía como delitos de prevaricación genérica y urbanística y por los que pide penas de inhabilitación.

Por los delitos de prevaricación genérica, la petición de pena del Ministerio Fiscal llega hasta los diez años de inhabilitación para empleo o cargo público; y por el de prevaricación urbanística nueve meses de inhabilitación y multa de 18.000 euros.