ARCA pide la dimisión del alcalde y denuncia un "pacto de silencio" entre PP, PRC y PSOE

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista ARCA ha pedido la dimisión del alcalde de Reocín, Germán Fernández, y considera que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 3, anulando la licencia de obras para construir 75 viviendas en Villapresente, demuestra "que la especulación urbanística sigue vigente y amparada por la clase política de Cantabria".

Además, ARCA considera "muy relevante" que ni la oposición de Reocín, ni ningún otro responsable político, hayan hecho declaraciones respecto a una sentencia que ordena el derribo de la urbanización, por lo que, en su opinión, la única "explicación razonable" es que "PP, PRC y PSOE mantienen un pacto de silencio para proteger a sus alcaldes frente a los escándalo urbanístico".

A juicio de la asociación, otro "problema" que tienen estos tres partidos políticos, el Gobierno y el Parlamento de Cantabria, es que después de haber hecho una ley para impedir la ejecución de algunas sentencias de derribo, a partir de ahora todos los afectados por sentencias similares van a exigir el mismo trato "y esto va a acarrear importantes problemas legales y políticos".

Así, ARCA recuerda al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, que todas las sentencias de derribo son la consecuencia de contenciosos entre un ayuntamiento y un particular o una asociación, "exactamente igual que en el caso de Villapresente", por lo que "su actitud ante unos casos y otros debería ser exactamente la misma", sostiene.

De esta manera, ARCA sale al paso de las manifestaciones del consejero en el sentido de que la sentencia de Villapresente no tiene nada que ver con el Gobierno regional "porque se trata de un contencioso entre el Ayuntamiento y un particular".

Por último y con relación al encuentro celebrado este jueves entre el Gobierno y los ayuntamientos condenados con sentencias de derribo, ARCA opina que se ha demostrado de nuevo que la ley aprobada en el Parlamento de Cantabria es "una norma 'ad hoc' para validar la violación de la legalidad perpetrada por una determinada clase política que protege sus propios intereses frente al del conjunto de la ciudadanía".