Por irregularidades en la contratación de una persona a la que el Ayuntamiento pagó "38 facturas" por 100.000 euros en tres años
SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia provincial ha rechazado un nuevo recurso del exalcalde de Astillero Carlos Cortina, y ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción n 3 de Santander que le imputó presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de la hermana de una trabajadora municipal, a la que el Ayuntamiento abonó "38 facturas" por un importe cercano a los 100.000 euros en tres años, y que también está imputada en la causa.
En un auto fechado el 28 de diciembre y hecho público por Izquierda Unida, la Sección Primera de la Audiencia vuelve a rechazar el sobreseimiento y archivo de la causa solicitado por Cortina, como ya hizo en sendas resoluciones de julio de 2016 y junio de 2017, lo que conduce a la causa hacia la apertura de juicio oral.
En este último recurso, la defensa de Cortina solicitaba que se practiquen las diligencias que solicitó en julio de 2017 y que estima "esenciales para acreditar la necesidad de la contratación en la presentación de servicios de apoyo en la gestión de recursos".
La Audiencia confirma que el juez instructor no se pronunció sobre dichas diligencias, y que debería haberlo hecho, pero que ello "no puede acarrear" el archivo de un procedimiento que "lleva ya cinco años de instrucción y cerca de 3.000 folios". Añade que "no pueden entenderse como esenciales" y que en todo caso, podrá proponerlas en el escrito de defensa para su práctica en el acto de juicio oral, momento procesal en el que sin duda podrán ser practicadas".
En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia reitera la existencia de indicios de que la contratación por parte de Cortina de esta persona --que IU sitúa como "cercana al PP"-- para la valoración de la relación de puestos de trabajo y como técnico de apoyo para la gestión de recursos durante un periodo que se prolongó durante casi cuatro años, "se realizó fraccionando el objeto del contrato".
"Sin que conste en este momento justificada -añade- ni la necesidad de su contratación", puesto que la VPT había sido ya adjudicada a una empresa, "ni la urgencia de la misma". La Audiencia apostilla que la circunstancia de que la otra acusada no pertenezca al PP, certificada por la gerente autonómica de dicho partido, "no desvirtúa tales conclusiones".
PSOE E IU, ACUSACIÓN
La causa es fruto de la denuncia realizada por un funcionario municipal, a la que luego se sumaron PSOE e IU como acusación. La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Astillero, Leticia Martínez, ha recordado que la Fiscalía ya ha hecho su acusación por la que pide a Cortina 10 años de inhabilitación como cargo público y una indemnización para el Ayuntamiento de casi 100.000 euros.
Para Martínez, "este proceso ha durado demasiado y los intentos de Cortina de retrasarlo sólo han supuesto una huida hacia delante que ha afectado hasta la propia configuración del pleno municipal", en referencia a la salida de dos de los concejales populares de su grupo, Javier Fernández Soberón -ahora en Ciudadanos- y Bella Gañán.
"La mancha que el Partido Popular ha dejado sobre el ayuntamiento es alargada, afectando de forma grave a las arcas públicas y a los procedimientos reglados, así como a la aritmética política, dando pie a tránsfugas como Soberón y Gañán", añade la portavoz municipal de IU en un comunicado de prensa.
Por último, asegura que IU seguirá "hasta el final" personada en la causa y afirma que, tras las elecciones de mayo, un gobierno con IU al frente "garantizará que una situación así no vuelva a ocurrir y que los impuestos de los vecinos se usan con total transparencia".