Botín apoya la propuesta de rescate de autopistas porque es la "única viable"

No obstante, el presidente del Banco de Santander reconoce que es "muy dura"

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha opinado este jueves, en Santander, que la propuesta del Gobierno del Estado de rescatar las autopistas de peaje con una quita a la banca del 50% es "muy dura" pero ha asegurado que la "apoya" porque es la "única viable".

"La propuesta del Gobierno es muy dura para los bancos y las constructoras pero creo que es la única viable y el Banco Santander la apoya", ha afirmado Botín a preguntas de la prensa tras la presentación de la Memoria de la Fundación Botín en 2013.

Botín ha apuntado que la aplicación de esta medida para sacar a las autopistas de la quiebra lo que supone para el Santander es cobrar un 50 por ciento menos de lo que la entidad bancaria tenía previsto obtener.

"Concretamente nos supone un 50% menos de lo que teníamos previsto cobrar en este asunto", ha indicado el presidente del Banco Santander.

RESCATE A LAS AUTOPISTAS

El Gobierno plantea rescatar a la decena de autopistas de peaje que están en riesgo de quiebra integrándolas en una empresa pública, pero para ello ha planteado a los bancos acreedores de las vías aplicar una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan.

De esta forma, la nueva sociedad pública de autopistas sólo reconocería a los bancos unos 2.400 millones de deuda, en vez de los 3.800 millones que actualmente suman las vías.

Además, los 2.400 millones de euros de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopista se convertiría en un bono con vencimiento a treinta años y con una rentabilidad del 1%.

El recorte en volumen de deuda reconocido arroja una quita del 36%. A ella es preciso sumar la quita adicional implícita que supone alargar en plazo de vencimiento de este pasivo hasta los treinta años, lo que eleva la quita total hasta un 50%.

En virtud de este proyecto, el Estado asumiría además la deuda de hasta 1.200 millones de euros a la que las autopistas pueden tener que hacer frente para pagar expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.