Buruaga: el Gobierno está "abierto a dialogar" con la Junta de Personal pero no acepta "imposiciones ni chantajes"

Insiste en el que el presupuesto "no es chicle", atiende "demandas históricas" de los docentes y en 2025 "no cabe" la adecuación

LAREDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha insistido en que el Gobierno regional está "permanentemente abierto a escuchar y a dialogar" con la Junta de Personal Docente pero ha advertido que no va a aceptar "la imposición" ni va a "ceder a chantajes de ningún tipo".

Así lo ha señalado este viernes la presidenta regional a preguntas de la prensa tras inaugurar el Centro Integrado de Formación Profesional CIFP 'Puerto de Laredo' junto al consejero de Educación, Sergio Silva, donde ha asegurado que el Gobierno no está "en la lucha ni contra nadie" pero ha recordado que el presupuesto regional "no es chicle que se estira hasta donde uno quiere" sino que es "limitado".

Buruaga ha enfatizado que el Ejecutivo dialogará "lo que haga falta y las veces que haga falta" como, a su juicio, ha venido demostrando, y ha considerado que, tras la propuesta planteada por el consejero el pasado viernes, ahora son "los docentes los que tienen que mover ficha". Sin embargo, el colectivo ha anunciado encierros en los colegios a partir del próximo martes, 3 de diciembre.

La presidenta ha esperado que, una vez concluido este jueves el encierro de representantes de la Junta en Peña Herbosa, se pueda "retomar la normalidad del diálogo y el funcionamiento o la dinámica que tiene que existir entre la Consejería de Educación, que es el Gobierno de Cantabria, y la Junta de Personal".

En este punto, ha señalado que, durante las últimas jornadas, ha visto "actitudes que no reconozco en el sindicalismo de verdad, el constructivo", y que cree que "no representan en ningún caso el sentir y las formas del colectivo docente" al que ha trasladado "toda la admiración, respeto y cariño" del Ejecutivo por su "vocación y trabajo".

La presidenta cántabra ha reivindicado la "actitud de diálogo y negociación" que ha mantenido el Gobierno "antes, durante y después" del encierro de los representantes sindicales en Peña Herbosa porque "respeta, entiende y comprende" las peticiones de mejora salarial de los docentes cántabros aunque estén "entre los mejores pagados del país, como dice el informe de UGT".

"Todos los trabajadores aspiran legítimamente a mejorar sus condiciones de trabajo. También los bomberos, los policías nacionales, la Guardia Civil, el resto de los empleados públicos o funcionarios y también, que a veces nos olvidamos y mucho, el resto de los trabajadores de las empresas privadas y del sector privado", ha señalado.

Y, frente a ello, ha enfatizado que el Gobierno tiene la obligación de elaborar unos presupuestos que se financian con los impuestos de todos los cántabros, "de los que tienen buenas condiciones salariales y de los que las tienen peores".

EL PRESUPUESTO "NO ES CHICLE"

"Los recursos públicos son finitos, son limitados, y el presupuesto no es chicle que se estira hasta donde uno quiere, por lo que nuestra obligación es, en primer lugar, atender lo urgente y, por supuesto, priorizar", ha incidido, resaltando que eso "se llama responsabilidad".

En este sentido, ha dicho "alto y claro" que en el presupuesto para 2025 se ha "priorizado a los docentes". "Hemos echado el resto con los docentes, atendiendo demandas históricas que los que ahora jalean tratando de politizar o convertir en un arma arrojadiza este asunto nunca atendieron", ha criticado.

Así, ha recordado que en los presupuestos se incluyen ya los acuerdos alcanzados con los sindicatos a lo largo de 2024, con partidas que suman los 8,1 millones de euros para contar con 128 docentes nuevos, la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades a los mayores de 55 años, la dotación de dos docentes a tiempo completo en las aulas de dos años y la rebaja de 20 alumnos de ratio en primero y segundo de Primaria.

Además, ha señalado que el gasto en sustituciones para 2025 alcanza la cifra de 22,3 millones, que equivale a 127.000 euros diarios, y Cantabria cuenta este curso con "el mayor número de docentes jamás registrado en el sistema educativo de Cantabria, en un contexto en el que hay descenso o pérdida paulatina de alumnos".

"A toda esta inversión es a la que hemos dado prioridad y no me parece una cuestión menor", ha manifestado la presidenta de Cantabria, que ha lamentado que haya quien hable de colectivo "insultado o castigado" cuando ella ve un "colectivo atendido".

Ha insistido en que el presupuesto de 2025 "no da más de sí" y, por ello, "no se puede atender" en esas cuentas "la adecuación retributiva" que pide la Junta de Personal (reclaman 325 euros de subida salarial por docente a aplicar por tramos hasta 2027, con más de 110 euros en 2025) y, por tanto, ha apuntado que "no cabía" presentar una enmienda parcial a las cuentas.

CRITICA LA ENMIENDA DEL PSOE

En este punto, ha criticado al PSOE porque es "muy fácil hablar y arengar" y registrar una enmienda sin decir de "dónde restamos" los cinco millones de euros que propone para empezar a aumentar la retribución de los docentes pero en la que no indica de dónde quitar ese dinero.

"Nosotros no vamos a engañar ni a los docentes, porque nos merecen muchísimo respeto, ni a los ciudadanos. Y lo que hemos ofrecido es un diálogo responsable, sin amenazas y sin imposiciones", ha añadido Buruaga, que ha insistido en que no consentirá que "ningún colectivo intente imponer su criterio por la fuerza" como se ha tratado con "ocupando" las instalaciones del Gobierno regional con el encierro.

Por su parte, el consejero Sergio Silva ha insistido en la propuesta de diálogo sobre la adecuación retributiva durante el primer trimestre de 2025 para alcanzar un acuerdo que pueda implementarse, por tramos, a partir de 2026.

Silva ha confiado en que, una vez concluido el encierro en Peña Herbosa, se puedan "estabilizar las cosas" porque, si no, "será más difícil el acuerdo" que, aunque no llegará "ni en una ni en dos reuniones", cree que puede alcanzarse si hay un proceso de diálogo "sincero y honesto" por las dos partes, la administración y los sindicatos.