Aprobada la ley de acceso con perros de asistencia

   Se ha aprobado por unanimidad

   SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la ley autonómica para garantizar a las personas con discapacidad el derecho de acceso al entorno --tanto a lugares públicos o de uso público, o privados de uso colectivo-- cuando vayan acompañadas de perros de asistencia, una normativa en la que todos los grupos (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han coincidido en que es "necesaria".

   En esta norma, promovida por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y a la que colectivos y grupos parlamentarios han presentado sus propuestas, se establece una clasificación en la que se distinguen los distintos tipos de perro de asistencia y se regula el procedimiento para el reconocimiento de esta condición del animal.

   Entre los requisitos que se fijan en esta ley para obtener la condición es que el perro esté sano, que haya sido adistrado por profesionales, que esté asignado a un usuario, o que tenga una póliza de responsabilidad civil que cubra daños a terceros.

   Además, se establece que en el Registro de Animales de Compañía en la comunidad autónoma se cree un apartado específico para inscribir a estos perros de asistencia.

   También se fijan también los derechos y obligaciones de los usuarios y de los responsables de perros de asistencia y se especifican los lugares públicos, de acceso público o privados de uso colectivo a los que pueden acceder estas personas con discapacidad acompañados de perros de asistencia.

   Entre estos lugares figuran espacios de esparcimiento al aire libre, centros oficiales, edificios de enseñanza, sanitarios o religiosos, instalaciones deportivas, transporte colectivo de uso público, taxis.

   También se extiende el derecho de acceso reconocido se extiende a "aquellos lugares, espacios e instalaciones de titularidad privada pero de uso colectivo a los que la persona usuaria del perro de asistencia tenga acceso en virtud de su condición de propietario, arrendatario, socio, partícipe o por cualquier otro título que le habilite para la utilización del mismo".

   Se incluyen entre estos espacios zonas e instalaciones comunes de edificios o urbanizaciones; inmuebles de alojamiento turístico, dependencias de clubes o de sociedades recreativas o de otra índole.

   También se establece que la persona usuaria del perro tenga derecho a mantenerlo a su lado "en todo momento".

   La ley también establece algunas limitaciones y prohibiciones del derecho de acceso, como quirófanos, agua de piscinas o parques acuáticos o zonas de manipulación de alimentos.

   También se crea un régimen de infracciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, tanto por parte de los usuarios de los perros como de quienes priven el acceso a los lugares que permite la ley, y sanciones, que van de los 50 euros a los 10.000.

   El consejero ha considerado "necesario" el establecimiento de este régimen de sanciones para que esta norma "no sea simplemente una declaración de principios", sino que tenga "vocación de cumplirse".

   De la Sierra ha opinado que el texto al que se ha llegado "responde prácticamente al consenso" de los grupos parlamentarios.

   Al proyecto de ley del Gobierno se presentaron 16 enmiendas, 11 del PP y 5 de Podemos. Durante la tramitación parlamentaria, se aprobaron 6 de las de los 'populares', así como los textos de las enmiendas transaccionles de tres planteadas por este grupo y de una de Podemos.

   De esta forma, y después de que el PP haya retirado una de las que no habían sido admitidas, al debate en Pleno han llegado 'vivas' una del PP y cuatro de Podemos, si bien tampoco hoy han sido aceptadas.

   La del PP hacía referencia al órgano competente para sancionar ya que no está de acuerdo con lo que se ha establecido en este sentido, en el que se deja la competencia en manos de la Consejería de Política Social, algo que, a juicio los 'populares', "no es lógico" cuando el reconocimiento de los perros de asistencia depende de la Consejería competente en materia de sanidad animal.

   A pesar de ello, el PP ha agradecido la "predisposición" de los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, a aprobar las enmiendas de los grupos de la oposición, y ha opinado que, aunque no se han admitido todas las presentadas por el grupo popular, con la norma aprobada hoy se "avanza en la eliminación de barreras" para las personas con discapacidad y es una "conquista" para los derechos de las personas con discapacidad.

   En la misma línea, De la Sierra ha subrayado que con esta ley se buscaba "reafirmar" el derecho de acceso a las personas con discapacidad a su entorno "en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos" y va dirigida a que se "proscriba" de la sociedad "toda la limitación de acceso".

   Y es que para el consejero es "necesario remover los obstáculos que puedan seguir existiendo" para el acceso de las personas con discapacidad a lugares acompañados de su perro de asistencia.

   De la Sierra ha reconocido que las aportaciones de los grupos parlamentarios y de los distintos colectivos sociales han contribuido a "enriquecer" el texto original.

URBANISMO

   Lo que no ha salido adelante en el Pleno --el último de carácter ordinario antes del parón estival-- es una moción de Podemos, subsiguiente a una interpelación al Gobierno en la sesión anterior, para requerir al Ayuntamiento de Castro Urdiales a que inicie revisión de su plan de ordenación urbana para adaptarlo a lo que establece la ley del suelo regional.

   También pide que la Consejería competente en materia de urbanismo, la dirigida por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, requiera lo mismo al resto de municipios que se encuentren en la misma situación.

   Además, se instaba en esta iniciativa, que ha contado con el 'no' de los cuatro grupos restantes (PP, PRC, PSOE y Ciudadanos), a consignar en los próximos presupuestos regionales "partida sufuciente para ayudas a los ayuntamientos de Cantabria a cumplir con la ley del suelo y con el Plan de Ordenación del Litoral y adaptar sus planeamientos a la normativa vigente.

   En el Pleno anterior, Díaz Tezanos aseguró que el Gobierno de Cantabria no podía obligar al Ayuntamiento a esta adaptación si no hay motivos que así lo justifiquen, como sería que se vieran afectados "intereses supramunicipales" o "competencias autonómicas".

   Y es que, según advirtió, requerirlo podría suponer una invasión del Gobierno en competencias municipales, un argumento que han repetido hoy socialistas y regionalistas. Podemos, que considera que el Gobierno no hace este requerimiento porque "no le da la gana" de cumplir con la legislación, tampoco ha obtenido el apoyo de PP y Cs a su petición.