Cantabria pleiteará finalmente los 44 millones de Valdecilla

SANTANDER, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) irá finalmente a los tribunales para reclamar al Estado 44 millones de euros de las obras de la tercera fase del Plan Director de Valdecilla, dado el Gobierno de la Nación (PP) no ha contestado en plazo a los requerimiento que le ha realizado el Servicio Cántabro de Salud.

Así lo ha confirmado este jueves en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, quien ha criticado la "prepotencia" del Gobierno de Rajoy y su "desprecio a Cantabria" por ni siquiera molestarse en contestar a "un requerimiento tan importante como la reclamación de 44 millones de euros".

"Desprecio y prepotencia que es vendimia de lo que está ocurriendo en otros ámbitos", ha dicho el dirigente regionalista en alusión a Cataluña.

De la Sierra ha dicho que en el plazo aproximado de una semana, la Consejería de Sanidad encargará a los servicios jurídicos la preparación de un recurso contencioso administrativo para reclamar los 44 millones en los tribunales.

Estos 44 millones se corresponden con las anualidades comprometidas por importe de 22 millones de euros y no abonadas en 2016 y 2017. En los Presupuestos del Estado de 2016 se consignó una partida por este importe pero el Gobierno central no llegó a abonarlos argumentando que el Gobierno de Cantabria no justificó adecuadamente los 22 millones, y en los presupuestos de 2017 la partida desapareció.

El consejero de Presidencia y Justicia cree que Cantabria tiene muchas posibilidades de ganar la reclamación porque en los últimos tiempos se han producido sentencias favorables en situaciones similares.

En su opinión, existen "reiteradas manifestaciones e indicios de que es una cantidad efectivamente debida". De la Sierra ha añadido que el "mayor indicio" es que el Estado ha abonado a Cantabria cantidades similares en años anteriores y han figurado como transferencia en los presupuestos generales del Estado.

"Indicios que creemos suficientes para acreditar la obligación del Estado y por ahí irá el recurso", ha apostillado.