Cantabria y el resto de CC.AA piden a Catalá que el turno de oficio quede exento del IVA

   De la Sierra asiste a la Conferencia Sectorial, en la que ha solicitado acelerar el real decreto de creación de nuevos órganos judiciales

   SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha reclamado hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el turno de oficio se mantenga como hasta ahora y no se aplique el IVA a los servicios de asistencia jurídica gratuita, tal y como pretende la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.

   Además, ha solicitado acelerar la tramitación del real decreto de creación de juzgados, entre los que se encuentra un nuevo juzgado mixto en Torrelavega.

   El consejero ha apuntado que el Ministerio ha previsto crear el doble de los juzgados previstos inicialmente, por lo que espera que uno de ellos sea también el juzgado de lo Mercantil de Santander, otro de los órganos judiciales demandados desde la Comunidad Autónoma.

   Estos dos asuntos han sido los principales que ha destacado el consejero cántabro, Rafael de la Sierra, que ha asistido este miércoles por la tarde a la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada en Madrid, junto al director general de Justicia de Cantabria, Pablo Ortiz.

   Según ha explicado el Ejecutivo regional en una nota de prensa, "todas" las comunidades autónomas han hecho "frente común" en este encuentro para pedir al ministro de Justicia que el turno de oficio se mantenga exento de IVA.

   En este sentido, De la Sierra ha considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que lo ha determinado respecto a un caso en Bélgica no es aplicable a nuestro régimen y allí se han tomado medidas para que no se pague. En España "tenemos que tomar medidas para que tampoco se pague el impuesto y si fuera necesario habría que impulsar una modificación legislativa en este sentido", ha dicho.

   Durante su intervención en la Sectorial de Justicia, el consejero cántabro ha reiterado el "grave perjuicio" que se puede causar al sistema del turno de oficio en España, que es "modelo" entre los países de su entorno.

   Y ha cuestionado ante el ministro la interpretación de Hacienda sobre la aplicación del IVA por estos servicios que, en su opinión, "no son una actividad profesional liberal, sino de asistencia social", como "garante del acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para todas las personas".

   Respecto a la ampliación de la planta judicial, según ha informado De la Sierra, el Ministerio ha comunicado a las comunidades autónomas que antes del 31 de marzo podría estar aprobado el Real Decreto de creación de nuevos juzgados, que además del juzgado mixto de Torrelavega, podría incluir también un nuevo juzgado mercantil en Santander.

   De la Sierra ha recordado que ambos órganos judiciales son una petición "muy sentida y unánime de Cantabria", que comparten el Gobierno autonómico, el Tribunal Superior de Justicia y todos los operadores jurídicos, instituciones políticas y sociales de la región.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

   Por otro lado, se ha tratado la puesta en marcha de los juzgados especializados en el ámbito de las cláusulas suelo, que Cantabria apoya, según ha anunciado el consejero, y en cuyo diseño ya trabajan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio y las autonomías.

   De la Sierra espera que se fijen los criterios de los nuevos órganos para que puedan entrar en funcionamiento de forma inmediata, dado que son "absolutamente necesarios". "La experiencia hasta el momento de los juzgados especializados es muy favorable y, en consecuencia, apoyamos su creación", ha apuntado. Dada la situación extraordinaria de estos órganos, ha solicitado la colaboración del Ministerio para afrontar los costes.

   Otro de los aspectos que se han abordado en esta cita ha sido la Oferta de Empleo Público del personal al servicio de la Administración de Justicia, que está pendiente de la aprobación de los presupuestos del Estado, si bien cabe la posibilidad de acumular las convocatorias de 2016 y 2017.

   En cuanto al sistema de gestión procesal común, las comunidades están pendientes de la finalización de un informe estatal que ha analizado todos los utilizados en España y que incluirá una serie de recomendaciones y sugerencias.

   También han estudiado la redefinición del modelo de registro civil, con el objetivo de mantener su carácter público y gratuito, como parte de la Administración de Justicia, pero con la necesidad de realizar inversiones para su modernización electrónica integral.