CCOO inicia en Cantabria su campaña de recuperación de derechos

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación del Área Pública de Comisiones Obreras ha iniciado en Cantabria su campaña nacional de movilizaciones para la recuperación de los derechos "arrebatados", que desarrollará en paralelo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, pidiendo, en el caso regional, la derogación de la Ley de Sostenibilidad que aprobó el Gobierno de Ignacio Diego (PP), y la negociación de una Ley de Función Pública.

En este sentido, el sindicato ha anunciado que mañana les recibirá el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien pedirán que impulse la negociación sobre los derechos que se pueden recuperar, y con quien quieren abordar el desarrollo de los acuerdos de estabilidad en el empleo con una mesa específica de negociación.

También le solicitarán que se prevea en la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) la recuperación de derechos en materia salarial, de jornada, empleo, carrera profesional y derechos.

Así lo han anunciado hoy en una rueda de prensa en la que han participado el coordinador nacional del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández; el secretario general de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Carlos Sánchez; las secretarias generales de la Federación de Sanidad de CCOO de Cantabria, Arantxa Cossío, y de Enseñanza, Conchi Sánchez; y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cantabria, Javier Báscones.

Sánchez ha destacado que hoy se inicia en la comunidad, con una concentración frente a la Delegación del Gobierno y asambleas informativas, la campaña de "reconquista de derechos" de los empleados públicos porque ahora "no hay excusas para no devolverles lo que se les han arrebatado en la crisis".

Sin embargo, ha advertido la "contradicción" del Gobierno de España en el "escenario presupuestario" que ha presentado en Bruselas puesto que, pese al "crecimiento continuado" en la economía del país, plantea "recortes en las políticas públicas" tras nueve años (2010-2018) de pérdida de puestos de trabajo en el sector público (1.600 según el sindicato) y de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12 y el 23%, ha valorado.

A ello se suma que en el caso de Cantabria, el Gobierno PSOE-PRC está "tardando en derogar" la Ley de Sostenibilidad, "que no ha venido para quedarse" pero que "corre el riesgo de mantenerse" por parte de los dos partidos que la enmendaron a la totalidad, lo que, en su opinión, es una "vergüenza" ya que "empobrece a la función pública".

En este sentido, Báscones ha reclamado la aplicación de un plan de sostenibilidad en el empleo público, en línea con el nacional suscrito en marzo, para una reducción de la temporalidad al 8% en tres años, teniendo en cuenta que en Cantabria está en el 26%, dos puntos por encima de la media española (24%).

Además, ha subrayado la importancia de crear empleo público en las administraciones locales en lugar de utilizar las subvenciones para empleo temporal a través de la conocida como Ley de Corporaciones Locales.

En la misma línea, la portavoz de Enseñanza ha recordado que la tasa de interinidad del sector en Cantabria es del 37% "y subiendo", por lo que ha reclamado a la Administración regional que concrete el número de plazas de la oferta de empleo público y, como Báscones, ha pedido que se cumpla el acuerdo cerrado con el Ministerio de Hacienda para reducir la interinidad al 8%.

Por su parte, la representante del sector de sanidad ha insistido en que "lo importante es recuperar lo arrebatado", pero también ha destacado el acuerdo conseguido hace dos días para el desarrollo de la carrera profesional de "todos los trabajadores" del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

MOVILIZACIONES

Mientras, el coordinador nacional del Área Pública de CCOO se ha referido a la "imparable reversión de la deuda del Gobierno con los empleados públicos" tras la pérdida de su poder adquisitivo y del desarrollo de la carrera profesional, asegurando que el Ejecutivo central "machaca cualquier posible acuerdo en ámbitos inferiores" al mismo.

Ha advertido de una "posible congelación salarial" derivada de los ajustes de prorrogar los PGE en 2018, utilizando la crisis catalana "como señuelo" de la no aprobación de los presupuestos por falta de apoyos en el Parlamento; así como del "deterioro" del empleo público.

La "situación extraordinaria" que se ha producido en España ha llevado a las negociaciones laborales con el Gobierno estén "detenidas" aunque no por parte sindical, sector que sigue reclamando un acuerdo de estabilidad en el empleo que se traduzca en la creación de 600.000 puestos en la administración local.

"Queremos retomar la negociación, volver a un escenario de absoluta normalidad, que los salarios crezcan y que los empleados públicos recuperen las condiciones económicas que abran al posibilidad del fortalecimiento de los servicios públicos", ha sentenciado.

Y ha advertido que CCOO está en conversaciones con UGT a nivel estatal para "incrementar la presión" con convocatorias nacionales y en las comunidades autónomas y la posibilidad de una "gran convocatoria" en Madrid en el mes de diciembre, que derivaría en paros en enero si la situación "no se desbloquea".