La CE investiga la posible prórroga a Solvay para la producción de cloro con tecnología de mercurio

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre la posible moratoria que el Gobierno de Cantabria podría conceder a la fábrica de Solvay en Torrelavega para su producción de cloro a través de tecnología de mercurio.

En una carta firmada por el director general de Medio Ambiente de la CE, Daniel Calleja, remitida al presidente de Ecologistas en Acción, Bernardo García, se indica que dicha prórroga en la producción de mercurio de la planta "estaría en contra" del artículo 21 de la Directiva Europea.

Ecologistas en Acción, que ha remitido la carta a los medios de comunicación, remitió el pasado 18 de mayo a la Dirección General de Medio Ambiente de la CE la propuesta de resolución de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, por la que se concedería una prórroga de dos años a partir de diciembre de 2017, justo cuando quedará prohibida la utilización de la tecnología de mercurio para la producción de cloro.

Calleja indica en su escrito que desde la Dirección General de Medio Ambiente de la CE "estamos actualmente investigando este asunto con las autoridades españolas" ya que no sólo Cantabria pretendería prorrogar la autorización ambiental integrada para Solvay, sino que también la Generalitat de Cataluña para algunas instalaciones.

Precisamente, Ecologistas en Acción remite, junto al escrito correspondiente a la planta cántabra de Solvay, otro escrito en el que desde la CE se indicó al Gobierno catalán que el cambio en las tecnologías para la producción de cloro se publicó en diciembre de 2013 y se daba un plazo cuatro años a las instalaciones afectadas para realizarlo (hasta el 11 de diciembre de 2017).

Por ello, apunta que, llegada esta fecha, "las instalaciones afectadas no pueden alegar su desconocimiento de la prohibicción de seguir usando celdas de mercurio" para la producción de cloro.

Además, añade que desde el Gobierno de España confirmaron a la CE en abril de 2015 que las instalaciones "habíanr ecibido instrucciones expresas para que, llegado el 11 de diciembre de 2017, hayan procedido al cese total de las emisiones de mercurio en sus plantas de producción de cloro, las cuales deberán haber sido desmanteladas con arreglo" a la directiva.

EAC ADVIERTEN AL GOBIERNO DE POSIBLES RESPONSABILIDADES

Desde Ecologistas en Acción de Cantabria (AEC) han aplaudido la investigación que está realizando la CE y, en un comunicado que han remitido junto con la carta de la CE, han advertido al Gobierno de Cantabria de que, en caso de "confirmarse ilegal" la prórroga que pretende dar a Solvay, podría conllevar "responsabilidades penales".

Y de ello ha avisado concretamente a la Dirección General de Medio Ambiente a la que esta propuesta de prórroga "deja en evidencia" porque "no existe el más mínimo fundamento legal para sostenerla" a pesar de que a los ecologistas, según han indicado, no les sorprende cuando este departamento del Ejecutivo está "perdido y arriconado" en una "macroconsejería" lo que le hace mantener "un perfil bajo con notable apalancamiento y claro desinterés".

Los ecologistas han denunciado que la técnica de celdas de mercurio para la producción de cloro, como la que continúa utilizando la fábrica de Solvay en Torrelavega, es "sumamente contaminante" y es cuestionada "desde hace al menos 20 años" y, por ello, "su desaparición viene siendo largamente anunciada".

La prohibicción fijada a partir de diciembre de 2017 está "motiva por la alta toxicidad del mercurio", que EAC indica que es "una las 10 sustancias químicas más peligrosas según la propia Organización Mundial de la Salud".

Así, para los ecologistas, "Solvay no puede sostener el argumento de falta de tiempo para poder llevar a cabo la transición a la moderna técnica de membrana, más limpia y eficiente, cuando es fruto únicamente de su imprevisión, consecuencia del endeble compromiso con el futuro de su factoría de Torrelavega y su más que cuestionable compromiso con el medio ambiente".

Además, han detallado que la nueva tecnología de membrana ocuparía una nueva ubicación y el proceso de desmantelamiento y descontaminación de las actuales instalaciones llevará aparejado un tiempo superior a dos años. "Tampoco existe justificación posible en los trámites de nuevas licencias y autorizaciones las cuales podían haber obtenido mucho antes si esa hubiese sido su voluntad", critican desde AEC.

"Todos estos argumentos tienen el mismo rigor que cuando Solvay advierte del riesgo que supone para el abastecimiento de agua potable en caso de tener que cerrar el 11 de diciembre de 2017. Solvay sabe perfectamente que sólo una mínima parte de la producción de cloro se destina a este fin, que hay bastantes más centros de producción en España y además con problemas, en todo caso, de sobreproducción", han añadido.