Díaz cree que se utiliza a Santander como "rehén" para aprobar el Ley del Suelo del PSOE

   Propondrá enmienda a la Ley de Acompañamiento si el Gobierno no contempla la medida en el texto

   SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha considerado que se está intentando utilizar a la ciudad de Santander y la anulación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "como rehén para aprobar el proyecto de la Ley del Suelo del PSOE".

   Díaz se ha expresado así en un comunicado tras la reunión de este viernes con el director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía, en la que la Consejería de Urbanismo, dirigida por la vicepresidenta socialista, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento para regular a través de la Ley de Acompañamiento la tramitación urgente de unas normas urbanísticas transitorias para el suelo urbano.

   Para el también portavoz del equipo de gobierno (PP), es "decepcionante la actitud, la falta de voluntad política y de coherencia" de la parte socialista del Gobierno regional, que "pese a reconocer que la propuesta del Ayuntamiento es perfectamente legal, válida, y viable", se opone a ella "sin aportar un solo argumento".

   A su juicio, lo que pretende el Partido Socialista es "utilizar a Santander como rehén" para intentar aprobar "su proyecto de Ley del Suelo", una norma "compleja y de gran trascendencia" para la región que requiere sus propios tiempos de tramitación y que "no debería estar influenciada por una cuestión urgente como la que está planteando el Ayuntamiento".

   Díaz ha insistido en que la solución que plantea Santander "es perfectamente legal" y aporta seguridad jurídica, mientras que condicionar y posponer ese cambio hasta la aprobación de la nueva Ley del Suelo "genera una incertidumbre insostenible".

   "Fiar la solución a una nueva Ley del Suelo abre un panorama de muchísima incertidumbre porque aún le queda mucho recorrido por delante para su aprobación, si lo que se pretende es alcanzar un texto que goce del mayor consenso posible, mientras que la vía de la Ley de Acompañamiento ofrece la posibilidad de que esta solución entre en vigor de forma inmediata", ha recalcado.

   Por eso, el portavoz del equipo de gobierno santanderino ha vuelto a apelar a la "sensatez" y la "responsabilidad", porque "son los santanderinos, el tejido económico y productivo, y la ciudad de Santander los que necesitan que se eliminen inseguridades y que se alcancen soluciones urgentes".

   Díaz ha lamentado "la falta de sensibilidad" del departamento socialista de Urbanismo, al que ha acusado de "dar la espalda a la ciudad, a los vecinos y al sector productivo".

   Ha recordado que, en el caso del PGOU de Santander, "el motivo de anulación no tiene nada que ver con el plan, es una causa externa y sobrevenida: la anulación del bitrasvase como consecuencia de una deficiente evaluación ambiental que llevó a cabo el Partido Socialista".

ENMIENDA EN LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

   El responsable municipal ha recalcado que el Ayuntamiento seguirá defendiendo la solución a la anulación del Plan General a través de la Ley de Acompañamiento y, por ello, propondrá la presentación de una enmienda durante la tramitación parlamentaria si el Gobierno no contempla la medida en el texto.

   En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en la redacción de unas normas urbanísticas transitorias confiando en que, en ese trámite parlamentario, se incluya su propuesta y se puedan tramitar y aprobar a la mayor brevedad posible.

   Por último, ha hecho hincapié en que para una cuestión urgente como es dar soluciones a la anulación de los planes generales es perfectamente justificable utilizar la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, como se ha hecho ya en numerosas ocasiones tanto para la Ley del Suelo como para otras leyes autonómicas y como, incluso, ya se está planteando en el borrador de Ley de Acompañamiento que el Gobierno regional ha elaborado para 2017, en donde se modifican más de una veintena de leyes autonómicas.