SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta regional consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y quien fuera titular de esta área en la pasada legislatura, el ahora senador 'popular' Javier Fernández, comparecerán el 31 de marzo en el Parlamento de Cantabria para hablar de la auditoria de la empresa pública MARE realizada por la Intervención de la Administración regional que revelaba "incidencias" en las contrataciones durante la etapa de Gobierno del PP.
Ambos comparecerán ante la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento, primero Díaz Tezanos, que lo hará a las 10.00 horas, y luego, a las 12.00, Fernández.
Esta comparecencia llega una vez que dicha auditoria, que se dio a conocer el pasado 16 de abril siendo aún provisional, ya tiene un carácter definitivo una vez rechazadas las alegaciones presentadas por parte del que era director general de MARE en la etapa a la que alude la auditoría (2013-2014), Antonino Zabala, y también por el propio Javier Fernández (PP), que presidía el Consejo de Administración de dicha empresa pública por su condición de consejero de Medio Ambiente.
La comparecencia de Díaz Tezanos y también la de Javier Fernández, solicitadas por la oposición, fueron aprobadas el pasado mayo por unanimidad de todos los integrantes de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento regional.
Dicha Comisión está presidida por la podemita Verónica Ordóñez, mientras que el socialista Víctor Casal es vicepresidente y la 'popular' Mercedes Toribio es secretaria.
También pertenecen a ella, la socialista Silvia Abascal, los diputados del PP Luis Carlos Albalá, José Manuel Igual y María José Sáenz de Buruaga; los regionalistas Rosa Díaz, José Miguel Fernández Viadero y Matilde Ruiz, y el de Ciudadanos Rubén Gómez.
En dicha auditoria, de 76 páginas, se señalaban "incidencias" en las contrataciones durante esa etapa de los 'populares' en el Ejecutivo y alertaba de las capacidades concedidas en esta materia al presidente del Consejo de Administración, que era el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, y las atribuciones que desempeñaba el director general de la entidad, Antonio Zabala, más allá de las facultades que tenía.
Se apuntaba, entre otras consideraciones, que el régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos" ya que --asegura-- permite que "el presidente del Consejo de Administración pueda celebrar y autorizar toda clase de contratos sin ningún límite y con el único requisito de firma solidaria".
Según los autores de la auditoria, se considerba que esta capacidad del presidente del Consejo de Administración representaba un "importante riesgo de control interno".
Además, se señalaba que en los expedientes de contratación analizados, todos por un valor estimado de 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos de la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional del mismo los hacía el director general de MARE "cuando no dispone de tales facultades, según el poder que tiene asingnado".
También se cuestionaban las facultades atribuidas al director financiero por "obsoletas" y "poco operativas".
En cuanto a la contratación propiamente dicha, se mostraba la existencia de un "número importante" de modificaciones y prórrogas de contratos hechos "que no han sido autorizados ni celebrados por el correspondiente órgano de contratación competente".
También se advertía de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulasen los procedimientos de contratación; se cuestiona las herramientas informáticas de la entidad para la gestión de contratos, y consideraba no acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en materia de contratación pública en distintas fases.
Además, la Intervención realizaba 27 recomendaciones a MARE para mejorar los procesos de contratación, algunas de las cuales, según ya adelantó Díaz Tezanos el pasado septiembre, ya estaban materializadas y otras estaban poniéndose en marcha.
Entonces, la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ya adelantó que los servicios jurídicos del Gobierno siguen "estudiando" si de los señalado en la auditoria pueden derivarse algún tipo de responsabilidad por la gestión realizada en MARE durante esa etapa del PP.