Díaz Tezanos: Modificar ley del suelo para las minas de Reocín y para PGOU de Santander es distinto

   Niega que la modificación para permitir la extracción de zinc abra la puerta al fracking

   SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, cree que modificar la ley del suelo para permitir la reapertura de las minas de Reocín y la extracción de zinc de ellas, como quiere el Gobierno PRC-PSOE, y hacerlo para dar una solución a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, como pide el Ayuntamiento, son "supuestos totalmente distintos" puesto que, a su juicio, el primero obece a un caso de "oportunidad económica" y el otro es "seguir legislando a golpe de problema".

   Así lo ha defendido al ser cuestionada por las críticas que en algunos sectores ha provocado la disposición del Ejecutivo regional a modificar la actual ley del suelo --pese a que se está elaborando una nueva que llegará proximamente al Consejo de Gobierno-- cuando no está dispuesto a hacer lo mismo para solucionar la anulación del PGOU de Santander.

   Díaz Tezanos ha insistido en que modificar la ley del suelo a través de la denominada 'ley de acompañamiento', que previsiblemente se aprobará el 24 de febrero, para afrontar la anulación del PGOU es "la peor solución" para este asunto.

   Como diferencias entre las dos modificaciones de la ley del suelo que se plantean, Díaz Tezanos ha señalado que, mientras que la dirigida a permitir la reapertura de las minas de Reocín entraría en vigor de forma inmediata y no requeriría más tramitación, la relativa al PGOU de Santander sí conllevaría la realización de más pasos posteriores, como la elaboración de las normas transitorias, lo que supone otro "año o más".

   Además, Díaz Tezanos ha recordado que en el anteproyecto de la nueva ley del suelo se introducen las normas transitorias como un instrumento más en caso de anulación de los planeamientos municipales, lo que, según ha insistido, serviría para dar solución al caso de Santander.

   La vicepresidenta y consejera con competencias en urbanismo ha vuelto a mostrarse a favor de que la solución a la anulación del PGOU de Santander se saque de la ley de acompañamiento y se dé a través de la nueva norma que se está elaborando puesto que, a su juicio, es esto lo que dará "seguridad jurídica".

   Como otra diferencia ha explicado que la modificación de la actual ley del suelo para la extracción de zinc de las minas de Reocín --para lo que se ha planteado una proposición de ley que se debatirá en el Parlamento regional-- viene a regular algo que "Cantabria no tenía regulado", mientras que la que se propone sobre el PGOU de Santander supone "legislar a la carta".

   Díaz Tezanos ha insistido en que, "hasta ahora ese tipo de atajos e imnprovisación y ese abuso que se ha hecho de la ley de acompañamiento para solucionar algunos problemas urbanísticos", ha traído consigo leyes declaradas inconstitucionales, sentencias de derribo y PGOU anulados.

   "Cantabria, desgraciadamente, hemos sido ejemplo por una mal urbanismo y estamos para garantizar la seguridad jurídica", ha dicho la vicepresidenta, que ha opinado que, aunque tanto en política como en urbanismo, hay "muchas soluciones a un mismo problema", hay que adoptar la que es "la mejor". "Y sin duda la nueva ley del suelo va a solucionar muchos de los problemas que se han ido planteando en los ultimos años y con seguridad jurídica", ha dicho.

LA MODIFICACIÓN PARA LAS MINAS DE REOCÍN NO ABRE LAS PUERTAS AL FRACKING

   Por otra parte, a preguntas de los periodistas, ha negado que la proposición de ley para modificar la ley del suelo y facilitar la reapertura de las minas de Reocín pueda abrir la puerta a que pueda haber fractura hidráulica --el denominado 'fracking'-- en la comunidad.

   "En absoluto, para nada", ha aseverado Díaz Tezanos, que ha insistido en que el Gobierno regional se ha manifestado "en contra" de esta técnica extractiva de gas no convencional.

   Además, ha señalado que su partido, el PSOE, ha estado en contra del fracking, tanto cuando ha estado en la oposición como ahora en el Gobierno y ha mostrado esta postura tanto en Cantabria como en el Parlamento español, algo que, a su juicio, no ha hecho el PP. "Hay que tener un poco de coherencia", ha aseverado.

   Cuestionada por los medios de comunicación acerca de si se plantea llevar a cabo una nueva ley que prohíba el fracking en Cantabria, Díaz Tezanos ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene absolutamente nada encima de la mesa" en relación con ello.

   Aunque Díaz Tezanos ha explicado que elaborar una nueva norma antifracking --la aprobada en la pasada legislatura fue anulada por invadir competencias estatales-- no figura entre sus previsiones legislativas para este año, sí ha señalado que el Gobierno "se pondrá a trabajar en ello" si sale adelante la proposición no de ley que se ha registrado en el Parlamento para instar al Ejecutivo a que la elabore.

   Díaz Tezanos ha asegurado que "nunca va a estar en contra de legislar siempre y cuando dé seguridad jurídica y garantía jurídica a los ciudadanos de Cantabria".

   Sobre la existencia o no de resquicios legales que permitan a Cantabria volver a prohibir el fracking por ley y conseguir que esta norma no sea anulada, la vicepresidenta considera que eso es algo que tendrían que decir expertos jurídicos.

   "Lo que no le puede pasar al Gobierno o lo que no sería deseable es que del Parlamento de Cantabria saliera una ley que fuera recurrida por invadir competencias del Estado", ha dicho Díaz Tezanos, que ha señalado que "hoy por hoy" la política energética del país "es competencia del Estado no es competencia de la comunidad autónoma".

   Por ello, habría que analizar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la anterior ley para ver si hay algún "resquicio" para que la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, pueda "limitar", la fractura hidráulica" en la comunidad autónoma.

   A preguntas de los periodistas acerca de si esta tarea aún no se está llevando a cabo en el seno del Gobierno regional, Díaz Tezanos se ha limitado a apuntar que "el Consejo de Gobierno no ha analizado esta situacion en ningún caso" ni "ningún documento" sobre ello.