Diego aclara que nunca ha sido acusación por el escrache en la UC y dice que como testigo se ajustará "a la realidad"

   SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El expresidente de Cantabria y del PP en esta comunidad Ignacio Diego ha aclarado que "ni él ni el Gobierno que presidió" se personaron como acusación en el juicio por el 'escrache' que sufrió en la Universidad de Cantabria (UC) en 2014, en el que declarará como testigo "en los mismos términos" que en fase de instrucción, "ajustándose" --dice-- "a la realidad de los hechos, sin quitar y sin añadir absolutamente nada".

   Así lo ha señalado Diego en un comunicado que ha remitido después de que ayer, jueves, la Asamblea Preguntar No Es Delito afirmara que él y el Gobierno de Cantabria se habían retirado como acusación particular del proceso antes del juicio, que se celebrará el 25 de octubre a partir de las 8.30 horas en el Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, en la calle Alta.

   "Es falso que el Gobierno de Cantabria o yo hayamos retirado denuncia alguna porque esa denuncia nunca fue puesta. Quien interpueso denuncia como perjudicada por los hechos ocurridos en la UC fue la compañía propietaria de los coches del Gobierno de Cantabria", ha insistido el expresidente regional. "No me gusta que se mienta ni que se me utilice", ha subrayado.

   La Asamblea Preguntar No es Delito adjuntó a su comunicado del jueves una fotografía de un auto de la juez del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, de 8 de septiembre, en el que Diego y el Gobierno figuraban como denunciantes.

   Tras ese auto, la Asamblea adjunta una diligencia de ordenación del día 21 de la letrada de la Administración de Justicia Marina de la Peña en la que pedía que se suprimiera del listado de denunciantes de proceso al Gobierno regional pues "había renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales en autos" y se modificara el "tipo de intervención registrada" respecto a Diego ya que figuraba como denunciante cuando su situación procesal era la de testigo.

   Pese a que ni Diego ni el Gobierno son denunciantes, el juicio está previsto que se celebre --"incomprensiblemente", según la Asamblea-- puesto que la Fiscalía mantiene su acusación contra los siete imputados, con peticiones de multa de 35.000 euros y un año de prisión e inhabilitación para uno de ellos.

   Según los siete jóvenes implicados, "nada de eso ocurrió (el escrache)" y los vídeos que han aparecido desde entonces "han ido poniendo a cada uno en su sitio, confirmando punto por punto nuestra versión", afirman.