Educación defiende la legalidad de los trámites del Centro de FP Puerto de Laredo

El BOC publica el nombramiento de Pilar de la Fuente como su directora

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha defendido la legalidad de toda las actuaciones llevadas a cabo para la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional Puerto de Laredo, que ofertará estudios de la familia profesional marítimo-pesquera.

El titular del FP ha hecho esta aclaración a raíz de las críticas vecinales en torno a la licencia de obra de las que se ha hecho eco un medio de comunicación este miércoles, el mismo día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el nombramiento de Pilar de la Fuente como directora del centro, que está previsto que entre en funcionamiento ya en el curso 2024-2025.

En ello se ha centrado el consejero, que en declaraciones remitidas a los medios a propósito de esas quejas ha destacado "lo positivo de la puesta en marcha de un centro de esta naturaleza para la educación de Cantabria". "Entendemos va a ser un aporte de calidad a nuestra Formación Profesional".

Así, ha ensalzado el perfil de la nueva directora del Centro de FP Puerto de Laredo, una docente con "amplia trayectoria" que va a trabajar para el arranque de las instalaciones con el objetivo de poder inaugurarlas "en el primer trimestre del curso 2024-2025".

Así lo recoge también la resolución que publica el BOC, que indica que encarga a la nueva directora, funcionaria de carrera de la especialidad Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, la misión de "tomar decisiones ante la inminente puesta en funcionamiento del centro educativo".

Silva se ha remitido a las declaraciones que ya hizo en diciembre junto al consejero de Fomento, Roberto Media, con quien defendió la marcha del proyecto del centro de FP después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico remitiera una resolución al Gobierno de Cantabria instándole a paralizar las obras de construcción hasta que se resolvieran los dos recursos judiciales presentados contra esta actuación.