MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El etarra Eneko Gogeascoetxea ha negado este martes cualquier tipo de participación en el intento de atentado contra la casa cuartel de Comillas (Cantabria) en agosto de 1997 durante la primera sesión de vista oral que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional por estos hechos.
El acusado, que se encuentra actualmente en prisión y que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha negado su pertenencia a la banda terrorista ETA y ha dicho que en el momento de los hechos vivía fuera del País Vasco con su familia. El Ministerio Fiscal pide para él 178 años y medio de prisión por tenencia de explosivos, estragos en grado de tentativa y 11 intentos de asesinato, por todas y cada una de las personas que en aquel momento se encontraban en el edificio.
Según el escrito del Ministerio Público, el acusado se encontraba integrado en el 'comando Katu' de ETA junto con Kepa Arronategui, ya condenado por estos hechos, y la intención del atentado que querían perpetrar con un lanzagranadas de fabricación casera era "matar a cuantas personas hubiere en el acuartelamiento y provocar su destrucción".
Arronategui ha prestado declaración en la vista en calidad de testigo y ha precisado a preguntas del fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, que el acusado no formaba parte del comando mencionado, que él mismo bautizó. Ha matizado que en un primer momento, tras su detención, se vio obligado a ofrecer una versión distinta ante amenazas y coacciones.
Según el relato de la Fiscalía el comando colocó, entre las 20.00 horas del 19 de agosto y las 7.30 horas del 20 de agosto, un artefacto compuesto por tres granadas cohete contra carro, de marca METCAR y modelo HEAT, de calibre 83 milímetros, cada una de las cuales se encontraban alojadas en un tubo de PVC para su lanzamiento orientado hacia la fachada sur de la casa cuartel. Cada granada contenía 450 gramos de pentrita, por lo que poseía capacidad para penetrar hasta 300 milímetros de acero de blindaje y 1.000 mm de hormigón.
ARTEFACTO ORIENTADO A LA CASA CUARTEL
Al respecto un agente policial ha declarado en calidad de testigo que tras recibir el aviso de la colocación del artefacto, se desplazaron al lugar de los hechos y descubrieron que había una lanzadera "de las que utilizaba ETA en aquellos momentos".
Acto seguido avisaron a los técnicos de explosivos que confirmaron la sospecha y procedieron a desalojar la zona. El artefacto, según este testigo, estaba orientado hacia la casa cuartel en la que vivían tres familias de guardias civiles, a una distancia de unos 20 metros.
"El dispositivo de iniciación lo constituía un reloj despertador con el tiempo de retardo prefijado que cerraba el circuito eléctrico que, a su vez, provocaba un fogonazo de tres bombillas de flash fotográfico que daban inicio a una deflagración de unos pequeños depósitos de pólvora cuya presión hacía dispararse unos percutores que provocaban el lanzamiento de las granadas", explica el escrito de acusación.
Sin embargo, el dispositivo no funcionó porque, aunque en el reloj se activó el mecanismo de ignición, una de las granadas tenía mal soldado el cable del circuito y en las otras dos los percutores no incidieron adecuadamente en los estopines de las granadas.
Como los artefactos no hicieron explosión a las 4.00 horas del 20 de agosto, como estaba planeado, minutos antes de las cinco de la tarde de ese día los miembros del comando llamaron al diario 'Egin' en nombre de la banda terrorista advirtiendo de la presencia de las granadas.
El Ministerio Público destaca en su escrito de acusación que a las 4.00 horas del día previsto para el atentado había 11 personas en la casa cuartel, tanto agentes de la Guardia Civil como familiares de éstos, "todos los cuales resultaron con afectaciones psicológicas que no han sido evaluadas". Por todo ello, pide para Gogeascoetxea 15 años de prisión por cada asesinato en grado de tentativa, siete años y medio por estragos en grado de tentativa y seis años por tenencia de explosivos.
La vista contra Gogeascoetxea, sobre el que ya pesan dos condenas -una de 97 años de cárcel por intento de asesinato al Rey Juan Carlos I en el que murió un ertzaina y otra de 26 por colocar una bomba trampa en Durango-- ha sido suspendida una hora después del inicio de la misma y se reanuda este miércoles.