Los exalcaldes Díaz Helguera y Muguruza recurren la sentencia de Santa Catalina

También Rodríguez 'KyK' y la mayoría de los exconcejales, condenados a inhabilitación por prevaricación

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, y el exteniente de alcalde José Miguel Rodríguez 'KyK' han recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal n 3 de Santander que les condenó por prevaricación en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina entre los años 2001 y 2008, a entre dos años y medio y tres años y medio de inhabilitación especial para cargo público en el ámbito municipal.

Un total de 15 personas entre exconcejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales se sentaron en el banquillo de los acusados en este juicio que se celebró en septiembre de 2017, en el que finalmente fueron condenadas nueve personas: los dos exalcaldes, seis exconcejales y el exsecretario municipal.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, todos los condenados salvo uno han recurrido en apelación por lo que ahora será la Audiencia provincial la que tendrá que resolver.

Aunque la sentencia del Juzgado de lo Penal es de finales de septiembre, el asunto todavía no ha llegado a la Audiencia, ya que aún está en el trámite de dar traslado de todos los recursos al resto de partes, según han confirmado fuentes judiciales a esta agencia.

En la sentencia, de 111 folios, la magistrada Rosa María Gutiérrez relata las "maniobras, argucias y artificios" de los condenados para "enmascarar" las "infracciones normativas" cometidas de forma "deliberada, voluntaria y consciente" para la apertura y rectificación del vial José Hierro, pese a no estar previsto en el PGOU, ni contar con informe favorable de la CROTU, y minorando la dotación de equipamiento público sin compensación alguna.

Las condenas son muy inferiores a los diez años de inhabilitación solicitados por la Fiscalía en este caso que fue instruido por el entonces juez de Castro Luis Acayro Sánchez. Esta misma semana se ha puesto fecha para el macrojuicio de La Loma, otro de los casos de corrupción urbanística instruido por el juez Acayro Sánchez, en el que también están acusados los exalcaldes de la villa.

En el caso de Santa Catalina, la reducción de penas se explica por la atenuante de dilaciones indebidas que la magistrada ha aplicado en su grado máximo, tal y como pedían las defensas argumentando que el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento el 24 de julio de 2008, excede de 10 años.

SEIS EXCONCEJALES TAMBIÉN CONDENADOS

La sentencia condena a Díaz Helguera, alcalde por el PSOE en la legislatura 1999-2003, a dos años y medio de inhabilitación; a Muguruza, alcalde por el PRC en el siguiente mandato, a tres años y medio; a los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK' y Concepción Carranza (PP), Santiago Vélez y Salvador Hierro (IU) y Jaime Díez Muro (PRC) a tres años; y a dos años y medio a Joaquín Antuñano (PSOE).

Muguruza es el único que ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación urbanística, y junto con los tres años y medio de inhabilitación, se le impone una multa de 2.100 euros. Mientras que el exsecretario municipal César Sáiz, es condenado como cooperador necesario.

La sentencia les condena a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Castro Urdiales en 282.371 euros, por la pérdida de 416 metros cuadrados de suelo reservado para equipamiento público en Santa Catalina, como consecuencia de la apertura en su lugar, de un vial --luego denominado calle Poeta José Hierro-- que no estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996.

"Sin perjuicio de la reserva de las acciones correspondientes en el ámbito administrativo o de la jurisdicción contenciosa administrativa competentes, para la restauración de la legalidad urbanística, o la restitución, y en su defecto de no lograrse aquella", dice textualmente la sentencia.

En el juicio, la fiscal reprochó al Ayuntamiento que no hubiera ejercido como acusación en este procedimiento pese a ser "el verdadero perjudicado", y solicitó la anulación de los instrumentos urbanísticos que contravinieron la legalidad pero no pidió la demolición de lo construido por entender que en suelo urbano, lo que debe hacerse es "restaurar la legalidad".