Fiscalía acusa a 3 exalcaldes de Castro de prevaricación y malversación por sobresueldos

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía ha formulado acusación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso de los sobresueldos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que hay 14 acusados, entre ellos tres exalcaldes -Rufino Díaz Helguera (PSOE), Fernando Muguruza (PRC) e Iván González (PP)- y ocho exconcejales por su voto a favor en plenos de 2008 y 2009, a determinadas partidas de complemento personal transitorio en beneficio exclusivo de dos funcionarios concretos, pese a los reparos de Intervención.

También por votar a favor de los presupuestos municipales de 2008 y 2009, en los que se consignan como partidas de gastos el pago de complementos como CPT, bolsa de navidad, Coso Blanco y productividad "a sabiendas de su ilegalidad".

Junto a los tres exalcaldes, también están imputados los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor y Agustín Fernández, así como el entonces secretario del Ayuntamiento, César Saiz Alonso, y los funcionarios que presuntamente se beneficiaron de las partidas de complemento personal transitorio, Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo.

Este caso es uno más de los instruidos por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado de instrucción n 2 de Castro Urdiales, que dictó el auto que puso fin a la instrucción en junio del año 2015.

El magistrado considera que estos complementos se aprobaron "sin amparo legal alguno" y habiendo sido previamente advertidos de la ilegalidad que suponía "hasta en cuatro ocasiones", dos por la técnico de Recursos Humanos y otras tantas por el interventor municipal. Además, el juez advierte del abono generalizado a toda la plantilla de complementos salariales que "no existen en la legislación o injustificados".

El auto del juez instructor fue recurrido por buena parte de los imputados, pero la Audiencia provincial desestimó íntegramente todos los recursos en un auto dictado cuatro años después, en noviembre de 2019, consultado por Europa Press.

Ahora, la fiscalía acaba de formular acusación por dos delitos continuados de prevaricación del artículo 405, y un delito continuado de prevaricación del artículo 404 en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432, según han informado a esta agencia fuentes del ministerio público.