La Fiscalía de Medio Ambiente, "prácticamente colapsada" por las investigaciones en Castro Urdiales

El Ministerio Público reclama un cuerpo forense especializado en arquitectura para este tipo de causas

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Superior de Cantabria se encuentra "prácticamente colapsada" ante la "complejidad y volumen" de las investigaciones judiciales en Castro Urdiales, donde se tramitan distintas causas relacionadas con delitos de prevaricación urbanística que afectan a miembros de la Corporación a lo largo de varias legislaturas, empresarios y funcionarios de esta localidad cántabra.

Una de las consecuencias es que cada una de las dos fiscales centrada en estos procedimientos ha estado ocupada "en exceso" de estas causas, que les han supuesto desplazamientos frecuentes a Castro desde Santander, y esto les ha impedido atender algunas obligaciones en materia de relaciones institucionales.

La situación de Castro Urdiales, según asegura la Fiscalía Superior de Cantabria en su memoria de 2010, a la que ha tenido acceso Europa Press, también ha puesto de manifiesto la necesidad de la existencia de un cuerpo de peritos especializados en arquitectura y adscritos a los Juzgados.

Su colaboración, es "tan necesaria" como la de los médicos forenses en otros casos, sostiene el Ministerio Público, que considera "esencial" la colaboración de arquitectos independientes en estos procedimientos, sobre todo cuando se dirigen a representantes de Corporaciones locales, como sucede en Castro.

En estos casos, de hecho, se ha contado con el apoyo pericial "indispensable" de técnicos de distintas administraciones y, "muy en particular", de los de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria.

Además de las fiscales de Medio Ambiente, el partido judicial castreño también se está resintiendo de los "extensísimos" procedimientos que se siguen en el municipio.

Allí, entró en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con el objetivo de "aliviar la apurada situación" de los órganos judiciales de Castro, que son tratados principalmente por el Juzgado número 2, cuyo titular es Luis Acayro Sánchez, aunque "ya sin las medidas de apoyo" que se articularon durante el año anterior a través de un Juez de Refuerzo.

De momento, se instruyen dos procedimientos penales en Castro (los del caso La Loma y Urdicam), que llegan a los 150 tomos (100 el primero y 50 el segundo).

En el primero existen piezas --causas-- separadas derivadas de la principal, de la que la fiscal Pilar Santamaría formuló escrito de acusación en un "esfuerzo" y "trabajo meritorio" que destaca la Fiscalía Superior de Cantabria.

La instrucción de estas causas evidencia, para la Fiscalía, la "problemática" intervención conjunta de las distintas Administraciones competentes en materia urbanística.

Y así, enumera que el Ayuntamiento "no tuvo en cuenta" los informes de la CROTU que advertían de las carencias observadas en los Planes Parciales que se les sometían a informe; se obvió "presuntamente" el contenido de estudios estatales y se remitieron al Gobierno de Cantabria certificaciones de infraestructuras falsas para "salvar formalmente" el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a cargo de personal "irregularmente contratado" por el Ayuntamiento.

La Fiscalía se refiere a las irregularidades detectadas, como la ausencia de la infraestructura para el abastecimiento de agua, la omisión de información por parte de las empresas y la carencia de informes jurídicos.

Los proyectos de urbanización no se adecuaron a lo aprobado y se obviaron pasos en la tramitación, al darse cuenta de que sería larga por requerir cambios en el PGOU y Planes Especiales para la zona protegida sobre la que se asentaban.