SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la convocatoria de ayudas a los municipios por importe superior a 2,5 millones de euros para la realización de obras nuevas y de mejora de las infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y el sector forestal, la silvicultura, incluido el acceso a las superficies agrícolas y forestales, la consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro de energía y agua.
La convocatoria está dotada con una cuantía de 2.566.864 euros para 2024 y 2025 cofinanciada entre el FEADER, la Administración General del Estado y el Gobierno de Cantabria.
Las ayudas están dirigidas a los municipios cántabros que tengan una población inferior a 5.000 habitantes y tienen por objeto construir o mejorar las infraestructuras agrarias y la gestión del territorio, así como facilitar el acceso a las superficies agrarias, su uso, conservación y consolidación.
En todas las actuaciones se tendrá en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, con especial consideración al paisaje, la biodiversidad y la erosión del suelo.
Las obras a ejecutar deben ser de interés general agrario y los terrenos sobre los que se solicitan las obras serán de titularidad pública.
La cuantía máxima de subvención será de 40.000 euros por beneficiario, de modo que podrá alcanzar el 100% de la inversión aprobada realmente ejecutada y pagada si la obra es de importe igual o inferior a dicha cuantía.
Por otra parte, en el ámbito de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, se ha probado el Decreto del Plan especial de protección civil de emergencia ante el riesgo radiológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria (RADIOCANT), que establece la organización, procedimientos, medios y recursos necesarios para proteger a la población frente a los riesgos radiológicos que pudieran afectarles en caso de emergencia radiológica.
Aunque Cantabria no cuenta en su territorio con centrales nucleares operativas, existen instalaciones cercanas, actividades o situaciones en las que se manejan, procesan o almacenan sustancias radiactivas en la que existe un riesgo de liberación incontrolada o accidental. También se da respuesta a posibles actividades ilícitas.
Al igual que el resto de planes especiales de protección civil autonómicos, se establecen cuatro niveles de situaciones de emergencia (de la 0 a la 3), junto a otra fase de recuperación, que implicarán en su caso la constitución de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y un Consejo Asesor de apoyo al director del plan en la gestión de las emergencias radiológicas.
En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Gobierno ha autorizado una adenda al convenio con el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna a través del que se canaliza la subvención nominativa para la construcción de un aparcamiento de vehículos pesados en el Polígono industrial de Barros.
La adenda prorroga el plazo de finalización de la obra en seis meses más de los diez previstos inicialmente para ejecutar una actuación de 7.500 metros cuadrados dotado de espacios delimitaros y exclusivos, alumbrado, videovigilancia y un edificio de aseo y cuarto de instalaciones.
En Educación, Formación Profesional y Universidades se han aprobado tres convenios con los ayuntamientos de Laredo, Solórzano y Camargo por el que se articula la cooperación con el programa de recursos educativos para la educación básica escolar 2024-2025.
Afecta a los centros de Laredo CEIPs Villa del Mar, Pablo Picasso y Pepe Alba, el CC San Vicente de Paúl de Laredo, el CEE Pintor Martín Sáez y los IES Fuente Fresnedo y Bernardino de Escalante; los CEIP Jesús del Monte de Hazas de Cesto, el CC Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas, el IES Ricardo Bernardo de Solares y el IES San Miguel de Meruelo de San Miguel de Meruelo, entre otros.
Finalmente, entre otros acuerdos, en Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha autorizado celebrar un contrato para el servicio de podología de los centros sociales de mayores dependientes del ICASS por tres años, prorrogable por otros dos, por un valor estimado de 429.159 euros.